Sánchez aplaca al campo interviniendo precios y atando a Mercadona y Carrefour

Ya lo había advertido en el minuto uno tras las primeras protestas de los agricultores y ganaderos. El Gobierno apunta a las grandes superficies y adopta una estrategia intervencionista para afrontar el problema de los precios de los productos agrícolas y ganaderos. Y trata así de sofocar la primera gran revuelta social de la legislatura.

El ministro del ramo, Luis Planas, ha presentado este lunes las líneas maestras de su nuevo plan a varios de sus compañeros -en la comisión interministerial creada al efecto- y el Consejo de Ministros le dará este martes su visto bueno definitivo.

Como eje fundamental del decreto -que La Moncloa ha filtrado a Radio Nacional- está la obligación de cada operador de la cadena de compraventa a pagar al eslabón anterior un precio igual o superior a lo que a este último le haya costado producir.

Además, el Ministerio lanza una advertencia a las grandes distribuidoras -como Carrefour, Mercadona, o Lidl-, a las que ha puesto en su punto de mira, avisándoles de que no podrán repercutir en sus proveedores los riesgos que asuman en su política comercial.

El problema radica, según explican a ESdiario fuentes del sector, en que esta fijación de precios sirve para los productos y el consumo nacional, pero dejan al margen al comercio con los países de Europa o del sur de África, como Marruecos. Esos precios, recuerdan estas fuentes, no se pueden "embridar" con un simple decreto gubernamental y al margen de la UE.

Según Planas, este nuevo decreto-ley que verá la luz este martes facilitará "un refuerzo de la posición negociadora" de los productores agrícolas y ganaderos, un "mayor equilibrio en la cadena alimentaria" y una "mayor transparencia en el proceso de formación de los precios".

A la reunión interministerial, han asistido junto a Planas, los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Teresa Ribera; y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Yolanda Díaz; Industria, Reyes Maroto; Política Territorial, Carolina Darias; Consumo, Alberto Garzón; e Inclusión, José Luis Escrivá.

"Las medidas incluidas en este texto legislativo son fruto del diálogo mantenido con todos los sectores implicados en la cadena alimentaria: agricultores, ganaderos, comercializadores, industria agroalimentaria, distribuidores y consumidores", defiende el Gobierno.

Este lunes ha sido el turno de los olivareros con una multitudinaria protesta en Jaén.

El ministro ha informado que tras el Consejo de Ministros, tras comparecer ante los medios de comunicación para explicar todo el contenido de esta reforma, se reunirá con la mesa del diálogo agrario y las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones en el campo, Asaja, UPA y Coag.

Los agricultores mantienen su agenda

Pero los agricultores, que esperan a conocer el detalle de la iniciativa para posicionarse formalmente, van a seguir dando la batalla. Este lunes lo han hecho en Jaén. La concentración convocada en la plaza de Santa María en defensa de un precio justo en origen para el aceite de oliva ha transcurrido sin incidentes y según las organizaciones agrarias, se ha mostrado un seguimiento "masivo" en toda la provincia.

Casi un millar de personas, según los organizadores, se han dado cita en la capital -unos 300 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén-para "alzar la voz" y sumarse a la convocatoria de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Cooperativas-Agroalimentarias e Infaoliva.

Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja-Jaén, ha destacado la "afluencia masiva" de gente en toda la provincia al llamamiento. "Como dice el presidente del Gobierno, seremos muy obedientes y seguiremos apretando, que no dude un instante que esto va a ser el comienzo de otra nueva andadura", ha dicho, y ha pedido al Gobierno que "pelee" y se ponga "manos a la obra" por el olivar en Bruselas.