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Sánchez e Iglesias vetan la investigación de los abusos a las menores tuteladas

El PSOE y Unidas Podemos votan contra la creación de una comisión de investigación que aclare el escándalo en Baleares y la Comunidad Valenciana. Según ellos, para proteger a las víctimas.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

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Ni en Baleares ni tampoco en Madrid quieren el PSOE y Unidas Podemos que se hable del escándalo de las menores tuteladas que han sido víctimas de explotación y abusos sexuales.

Ambos socios de gobierno votaron este martes en contra de la creación de una comisión de investigación en el Congreso para arrojar luz sobre el agujero negro en que se ha convertido la gestión del Consell de Mallorca y del Ejecutivo balear que preside Francina Armengol. También se opusieron el PNV, los independentistas de ERC y Junts per Catalunya, Bildu, el BNG, Compromís y Más País.

El escándalo se extiende a su vez a la Comunidad Valenciana, donde el exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor en un centro tutelado en el que trabajaba.

Lo más excéntrico fue la razón que dio el diputado socialista Pere Joan Pons, mallorquín para más señas: "Votaremos en contra para proteger a esas menores, no para exponerlas más a ese debate", afirmó durante el Pleno.

Inicialmente se trataba de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación "ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual" como las ocurridas en Baleares. Pero en vista de que socialistas y morados vetaron por dos veces en el Parlamento de las islas la posibilidad de una comisión de investigación, el PP, Vox ,Cs y UPN pactaron una enmienda conjunta a la proposición original para obligar a los de Pedro Sánchez y a los de Pablo Iglesias a retratarse también en la Cámara Baja.

Lo irónico es que, casi a la misma hora, Pablo Iglesias anunciaba en el Senado que la futura Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, establecerá que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores empezará a contar cuando la víctima haya cumplido 30 años.

La votación se produjo, además, solo un día después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, compareciera en el Congreso y pasara de largo por el escándalo de Baleares. Pese a las preguntas de la oposición y pese a proclamar que la defensa de los menores es una prioridad de su Ministerio.


Durante el debate parlamentario, la diputada de Ciudadanos Marta Martín pidió a socialistas y morados que en vez de dar tantas "lecciones de feminismo y de defensa de los vulnerables" actuaran con hechos y permitieran una investigación en el Congreso.

Los portavoces del PSOE, Unidas Podemos y también el PNV utilizaron la misma coartada: sus portavoces argumentaron que de haberse sometido a votación la proposición inicial, sin el añadido de la comisión de investigación, la hubieran apoyado. Pero que así no.

A lo más que llegó la diputada morada Mar García Puig fue a reconocer que cuando hay menores de por medio cualquier investigación requiere "rigor y cuidado".

Por parte del PP, Marga Prohens dejó una frase lapidaria para el diario de sesiones: "Demuestren que a las menores tuteladas no las quieren calladas y ocultas". Y la diputada de Vox Mireia Borrás lamentó la "incompetencia" de los gobiernos "socialcomunistas" para proteger a las menores.

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