El reproche de los fiscales a Marchena: por qué Junqueras está ya en la calle
El escenario que más temían los cuatro acusadores del juicio del procés se ha cumplido. Cuatro meses después de la sentencia, los presos salen a la calle. Por esto que no se quiso evitar.
Javier Zaragoza y Fidel Cadena, dos de los cuatro fiscales del juicio al procés en el Supremo.
La confirmación, este jueves, de lo que hace varios meses ya se temieron los cuatro fiscales del juicio al procés en el Tribunal Supremo, ha provocado un malestar muy importante en la carrera, según confirman fuentes del Ministerio Público a ESdiario. "Esto se pudo evitar, pero no se quiso. O no se pudo...", remachan las citadas fuentes.
Lo cierto es que el escenario que habían dibujado Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno y que trataron de evitar tras la sentencia, se ha producido. Cuatro meses después, no va a quedar ni uno de los presos, atado a la cárcel.
La Generalitat, a través de su Dirección de Servicios Penitenciarios, ha abierto la puerta de su celda a los condenados. Oriol Junqueras y Raúl Romeva van a ser los dos últimos: saldrán a la calle tres días a la semana para trabajar. Antes fueron los Jordis, Quim Forn, Dolors Bassa o Carmen Forcadell.
El juez Manuel Marchena, en una de las sesiones del juicio del procès en el Supremo.
Los fiscales lo tienen claro. Todo esto es consecuencia de la negativa, por parte del tribunal que presidió Manuel Marchena de aplicar el llamado periodo de seguridad exigido por Zaragoza y sus compañeros durante el juicio. Y lamentan que la Sala que juzgó el caso rechazara aplicar a los condenados el artículo 36.2 del Código Penal, lo que les hubiera obligado a cumplir la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado penitenciario o a cualquier otro tipo de beneficios.
Por el momento las juntas de tratamiento de las prisiones donde cumplen pena los nueve condenados por sedición han facilitado estas salidas de prisión a siete de ellos, todos menos los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull.
Y las decisiones se han adoptado de forma escalonada y apenas cuatro meses después de dictarse la sentencia que les condenó a penas de entre 13 y 9 años de cárcel.
Por si fuera poco, estas decisiones de la Generalitat no pueden ser recurridas por los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación durante el juicio, sino por la Fiscalía por la del lugar en el que están ubicadas las prisiones afectadas. Pero no se puede decir que no lo hubieran advertido.