Querella a Sánchez en el Supremo por colocar a Iglesias en la comisión del CNI
El mismo ciudadano que ha logrado llevar ante un juzgado el delcygate lleva al Alto Tribunal el nombramiento del vicepresidente en el órgano que supervisa a los espías.
Sánchez e Iglesias entrando en el Palacio de La Moncloa.
Es posible que no pase de una mera anécdota, pero el mismo ciudadano que ha logrado que un juez investigue al ministro José Luis Ábalos por el delcygate, busca lo mismo con Pedro Sánchez. En el Tribunal Supremo y por el dedazo de Pablo Iglesias en el CNI.
El Partido Laócrata ha presentado este martes ante el Alto Tribunal una querella contra el presidente del Gobierno y el vicepresidente tercero y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a los que acusa de haber cometido un delito de prevaricación con el objetivo de incluir al líder de Podemos en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
En el escrito de acusación, los laócratas argumentan que la inclusión de Iglesias en esa comisión supone "un abuso de competencias patente y grosero" y que "desborda la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso" demostrando "una desviación y torcimiento del derecho de manera clara, evidente y a sabiendas".
Desde el Partido Laócrata -que ya han presentado sendas querellas en el Supremo y en los juzgados madrileños para que se investigue el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta venezolana en Barajas- apuntan que este hecho puede ser constitutivo de delitos de prevaricación según los artículos 404 y 405 del Código Penal.
Subrayan que dado que la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo 6 detalla quienes conforman esa comisión, Iglesias no podría estar en ella.
En este sentido, explican que según esa Ley, la Comisión debe ser presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe el presidente -en este caso Carmen Calvo-, e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretario.
"Sin que haya habilitación legal para ello, sin cumplir los requisitos legales. Cuando se propone, se nombra o se da posesión, conductas todas ellas que presuponen un abuso de competencias patente y grosera y desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, y muestran una desviación o torcimiento del derecho de manera clara y evidente que se aprecia un plus de antijuricidad requerido por el tipo penal", añaden en el escrito.