La querella más dura contra el Gobierno: a Marlaska e Illa por 4 homicidios
Guardias civiles denuncian en el Supremo a los ministros del Interior y Sanidad por la muerte de cuatro agentes y por no incluir a las FSE en los grupos de "alto riesgo".
La cuarta. 24 horas después de que llegará al Tribunal Supremo la tercera querella criminal contra el Consejo de Ministros al completo y contra Fernando Simón; el registro del Alto Tribunal ya cuenta con la última, en esta ocasión dirigida contra dos miembros en concreto del Gobierno de Pedro Sánchez: los ministros de Interior y Sanidad, Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa.
Ha sido una asociación de guardias civiles la firmante de esta nueva querella. La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), la sustenta en la muerte por coronavirus de cuatro de sus agentes y en la decisión de Interior de no incluir a los miembros de las FSE en los colectivos denominados de "alto riesgo".
La denuncia contra Marlaska e Illa atribuye a ambos sendos delitos de homicidio imprudente grave y vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dado que ambos son aforados la querella va destinada a la Sala de lo Penal del Supremo.
El abogado que representa a Jucil, Marco Antonio Navarro, asegura que se ha producido una infracción de la norma de cuidado por no haberles provisto de medios y que ha actuado de forma negligente. "Considero que estamos ante un supuesto de delito de homicidio imprudente, definido en nuestra doctrina y jurisprudencia por la falta de intencionalidad directa del sujeto de cometer el delito", recalca.
El primer guardia civil fallecido por el coronavirus. Ya hay tres más, entre ellos el jefe del GAR.
La asociación reprocha a los dos ministerios que no comenzaran a tomar hasta la publicación del decreto del estado de alarma "a pesar de tener comunicaciones de la OMS y de otros organismos sanitarios desde el pasado mes de enero, advirtiendo de la gravedad del virus y de las consecuencias que podía tener en España".
La querella atribuye a los ministros un delito contra la seguridad de los trabajadores y cuatro de homicidio por imprudencia. El Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a tres años a los que, ignorando la ley, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.
Según los datos del propio Ministerio del Interior, 792 agentes del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyendo policías autonómicas y locales, están contagiados por Covid-19.
El primer guardia civil víctima del coronavirus fue Pedro Alameda y murió el 18 de marzo. Dos días después falleció Francisco Javier Collado. El 24 de marzo murió José Antonio G. R., y el 27, el teniente coronel del GAR, Jesús Gayoso.