La juez del "caso Cifuentes" da al PSOE una coartada para borrar el 8-M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha logrado salir airoso de la causa judicial que le investigaba por autorizar las manifestaciones del 8-M, pese a que las autoridades ya conocían informes sobre la expansión del coronavirus.

Curiosamente, ha sido la juez Carmen Rodríguez-Medel, la que acorraló a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por su master en la Universidad Rey Juan Carlos, la que ha salvado con su resolución al PSOE, al asumir la tesis de Ferraz sobre la falta de relación entre las manifestaciones masivas y los contagios disparados en Madrid.

Cabe recordar que la vicepresidenta, Carmen Calvo, y las ministras Irene Montero y Carolina Darias, se infectaron tras asistir a la marcha de la capital.

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado retirar el delito de lesiones imprudentes por el que se investigaba al delegado del Gobierno, tras recibir un informe del médico forense que descarta "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, y los contagios por coronavirus.

Rodríguez Medel recibió este domingo el informe que había solicitado al médico forense adscrito al juzgado para saber si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 -día que se aprobó el estado de alarma por la pandemia por coronavirus- "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".

Según han informado fuentes jurídicas, dicho informe asegura que no existe ninguna "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación multitudinaria y el riesgo de contagio, por lo que la magistrada ha dictado una providencia en la que retira la imputación por el delito de lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid.

Si bien, la juez Rodríguez Medel mantiene la investigación abierta por el delito de prevaricación por el que el abogado Víctor Valladares interpuso la denuncia contra Franco por permitir "77 reuniones multitudinarias", destacando el 8M, a pesar de que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 un informe sobre el riesgo de contagio de Covid-19.

En el auto del pasado 25 de marzo, en el que la juez acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en relación a José Manuel Franco -la denuncia también iba dirigida contra Pedro Sánchez y los delegados del Gobierno en otras comunidades autónomas, por lo que la juez instó a presentarla ante los órganos competentes- afirmó sus dudas sobre el encaje penal de los hechos, aunque no descartó que lo tuvieran.

Por ello, además del delito de prevaricación administrativa, decidió investigar también por el delito de lesiones por imprudencia profesional y en este sentido solicitó el informe citado al médico forense.