Llega al banquillo el escándalo de corrupción de UGT que salpica al PSOE andaluz
A juicio el exsecretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, y su cúpula, por haber defraudado más de 40 millones de euros de subvenciones públicas con facturas falsas.
Susana Díaz y, a su derecha, el exlíder de la UGT en Andalucía.
Suele decirse que los fantasmas siempre acaban reapareciendo. Y los fantasmas de corrupción de las décadas de régimen socialista en Andalucía siguen gozando de buena salud. Ahora, con Susana Díaz en la oposición, se vislumbra por fin el juicio por uno de esos escándalos que quemaron millones y millones de dinero público.
Al banquillo va el exsecretario general de la UGT-A, muy próximo a la antigua lideresa, y su cúpula sindical. El fraude: más de 40 millones de euros en subvenciones de la Junta socialista.
El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados al menos 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.
En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la citada instancia judicial ordena abrir juicio oral contra el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, cuatro miembros más de la antigua cúpula de la organización sindical y otras once personas relacionadas con las empresas que actuaban como proveedoras del sindicato.
El exlíder de la UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, al banquillo.
En la instrucción, el juez da por probado que entre 2009 y 2013, mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".
"En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato", explicaba el juez instructor, según el cual "el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros".
A partir de ahí, en este nuevo auto el juez instructor abre juicio oral contra los citados investigados y por la "relación existente" entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A con la organización sindical, señala "la presunta responsabilidad civil subsidiaria" de UGT Andalucía", por lo que procede "requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa".
En su auto, el juez impone una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera "conjunta y solidaria", imponiendo al resto de investigados fianzas que oscilan entre 638 euros y más de un millón de euros. Además, requiere al sindicato para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, "preste en igual plazo de un día la fianza" de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.
