La "cacería" a Rajoy: así estira la ley Sánchez para perseguir al expresidente
El Gobierno, superado por las cifras desastrosas, ha intentado desviar la atención con una sanción a Rajoy por dar un paseo cerca de casa. Una persecución por estas razones.
Algunas televisiones han dedicado más minutos de emisión a un supuesto paseíto de Mariano Rajoy junto a su domicilio personal, sin gente alrededor y sin alejarse apenas, que a las cifras de mortandad de España, las segundas del mundo con más de 500 por millón de habitantes, solo superadas por Bélgica y hasta cien veces superiores a las de Corea.
Ni los test falsos ni la falta de mascarillas ni los retrasos del Gobierno en activar las medidas sugeridas durante 44 días en que España miró para otro lado, han merecido tanta atención como esa "travesura" del expresidente del Gobierno.
Tampoco las sistemáticas escapadas de Pablo Iglesias saltándose la cuarentena, a la que estaba obligado por convivir con la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado positivo en coronavirus hasta tres veces después del 8-M.
Pedro Sánchez tampoco se confinó, pese a la confirmación de que su mujer, su madre y su suegro habían contraído la temible enfermedad, en los dos primeros casos tras acudir al 8M junto a dos ministras igualmente contagiadas: la vicepresidenta Carmen Calvo, casi desaparecida desde hace un mes; y la titular de Política Titular, Carolina Darias.
Técnicamente, por llegar hasta el final, todo el Consejo de Ministros debería encerrarse en casa, tal y como impone Sanidad para las personas que hayan tenido contacto con contaminados. Pero no se hizo nada de eso, pocos preguntaron y nadie puso el grito en el cielo que sí han puesto con Rajoy.
Y no parece una casualidad, a tenor de los testimonios recabados por ESdiario. Ya de entrada, las imágenes fueron tomadas por un cámara furtivo, apostado junto a la casa del mandatario, a la que accedió sin mayores problemas pese a que la movilidad estaba muy restringida y, se supone, el predecesor de Pedro Sánchez tiene un dispositivo de Seguridad.
Solo unas horas después, el vídeo ya ocupaba todo el tiempo en La Sexta, con gran despliegue visual y comentarios muy críticos. Era 14 de abril y, aunque ese día España alcanzó los 18.056 muertos y la pandemia estaba desatada, la noticia volvía a ser Rajoy.
A Rajoy se le pretende multar sin un agente de por medio, con una circular ad hoc de Marlaska y con una grabación furtiva
Y todo lo que pasó a continuación, con una extraña sincronización que, casual o no, resulta llamativa. El mismísimo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció en persona una investigación, que concluyó a principios de semana con el anuncio de que la Policía había cursado una denuncia que puede terminar, a lo sumo, con una multa de 600 euros.
Algo que decidirá el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pata negra del sanchismo en el PSOE madrileño, imputado aún por su posible responsabilidad en la extensión del contagio al no regular las marchas feministas del 8M.
Para indignarse
Pero hay más. Rajoy guarda silencio, incómodo con la situación, pero fuentes jurídicas aseguran a ESdiario que tiene razones para sentirse indignado. Y es que nadie con autoridad se dirigió a él para pedirle explicaciones de su presencia en la calle o comunicarle que podría estar incurriendo en causa de sanción, tal y como resulta preceptivo en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Para imponerle una multa por infracción grave, el expresidente debería haberse comportado así: "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".
Rajoy no ha incurrido en ninguno de esos supuestos, quedando expuesto a una de tantas sanciones arbitrarias que se imponen estos días, rechazadas incluso por dirigentes como Quim Torra o Ada Colau, y puestas en duda por la Abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo y varias asociaciones por su dudosa legalidad.
En este caso, recalcan las mismas fuentes, "no se cumple siquiera con la garantía mínima de contar con la presencia de los agentes de la autoridad que pudieran acreditar que la presencia del Rajoy en la inmediaciones de su domicilio no se ha correspondido con las actividades legalmente autorizadas".
Pero lo más grave, tal y como adelantó ESdiario, es lo que recubre todo el episodio de una auténtica cacería política: el Ministro de Interior se puso a redactar con urgencia un circular ad hoc para Rajoy, apenas horas después de los hechos, que establece un probablemente ilegal principio de "presunción de desobediencia”, agravado en este caso con una inviable retroactividad.
"La imposición de una sanción por la difusión de unas imágenes puede ser un abuso", explican. "Supondría que cualquier ciudadano que circule por vías públicas, y cuya imagen se capte por cualquier dispositivo y se difunda en cualquier plataforma, podría ser sancionado sin conocerse los motivos de su desplazamiento, sin poder explicarlos y sin alegar. Sólo las denuncias cursadas por agentes de la autoridad gozan de presunción de veracidad", explican las mismas fuentes.