Sánchez ocultó al Supremo los informes que usó para decretar el estado de alarma

El Tribunal Supremo exigió el pasado 22 de abril a la vicepresidenta Carmen Calvo el expediente administrativo completo del decreto de estado de alarma del 14 de marzo a raíz de recursos de abogados que cuestionaban su legalidad.

Tras vencer todos los plazos legales, según los juristas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aportado ningún informe sanitario o científico que avalase o aconsejase la necesidad de tal medida extrema de concentración de poderes. Y ello a pesar de que el Supremo recalcaba que el Gobierno incluyese los informes “procedentes como fundamento del acto impugnado”.

Y, aun así, el alto tribunal rechazó este lunes los recursos sin haber tenido nunca la documentación requerida a Sánchez en lo tocante a los "informes pertinentes como fundamento" de dicho decreto. El Supremo considera que es el Tribunal Constitucional el que ha de dirimir este asunto.

Paradójicamente, el Gobierno siempre asegura que toma sus decisiones sobre la base de los criterios de los expertos. El Ejecutivo oculta al Supremo, y por ende a la ciudadanía, qué datos manejó tras el 8M para que en unos días pasara del optimismo de tolerar todo a suspender vuelos con Italia el 10 de marzo y decretar el estado de alarma cuatro días después.

El Gobierno debía no solo poseer los datos públicos de contagiados y fallecidos hasta esas fechas, sino la proyección secreta de lo que se venía encima. Cuántos españoles se iban a contagiar y cuántos a morir.

Pedro Sánchez siempre aludió a que vendrían días muy duros, pero siempre calló su base para tal augurio. Tampoco dio nunca una versión científica de por qué tras el 8M las cifras se multiplicaron ni de cómo entró el virus en España. Por tanto, los informes epidemiológicos del 14M siguen siendo un secreto, a pesar de la requisitoria desatendida del Supremo.

Esta omisión del Ejecutivo conduciría a dos situaciones anómalas: o bien el Gobierno no usó ningún informe sanitario para tomar su decisión o lo oculta al Supremo.

Esta segunda opción parece la más verosímil por varias razones. Cuesta creer que un gobierno de una democracia europea adopte una medida de tal calibre sin evaluar la gravedad de la expansión del coronavirus, sin datos ni informes científicos o epidemiológicos que detallasen el origen de la pandemia en España, su grado de expansión en el momento en el que decidió multiplicar su poder y su previsible evolución.

El Gobierno habla de informes de los expertos pero no se los facilita al Supremo

Pero, además, el Gobierno ha cometido el inmenso error de aludir a la existencia de tales informes sanitarios en el burocrático material entregado al Supremo (una ristra de decretos y comunicaciones al Parlamento).

Un informe de la Abogacía del Estado usado en apoyo de la legalidad de las prórrogas del estado de alarma indica que “los datos proporcionados por la red nacional de vigilancia epidemiológica evidencian que las medidas aplicadas durante el periodo de vigencia del estado de alarma están consiguiendo alcanzar gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y, lo que es más crítico en estos momentos, reducir al máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios”.

Esto fue escrito el 6 de abril por la Abogacía del Estado. Lo sorprendente es que el 6 de abril en España los contagios crecían a razón de 6.023 casos nuevos al día mientras que el 14M, fecha del decreto, escalaban a razón de 1.266. El 14M había sólo 4.231 casos confirmados, y el 6 de abril, 130.759.

El número de muertos crecía el 14M a razón de 36 diarios, y el 6 de abril, a razón de 120 diarios. Al inicio del decreto de alarma, los muertos sumaban 120, y cuando la Abogacía refrendó que el confinamiento estaba disminuyendo la transmisión de la enfermedad, los fallecidos sumaban 674.

Fernando Simón, el experto de cabecera de Pedro Sánchez.

Por tanto, algo chirría. ¿Que la expansión del virus se estaba conteniendo era una opinión científica o una opinión política sobre una estadística a primera vista nada halagüeña, sino todo lo contrario? No consta. Porque el Gobierno no aporta el informe sanitario que tan optimista lectura hacía de las cifras crecientes de muertos e infectados.

Tampoco explica el informe sanitario copiado de dónde arranca su visión dulce sobre la reducción del colapso de las UCI españolas a la altura del 6 de abril. Porque solo un día más tarde, el 7 de abril, El País señalaba aún: “Las unidades de cuidados intensivos (UCI) empiezan a ver la luz al final del túnel. Aunque siguen muy tensionadas, con su capacidad habitual multiplicada hasta por cuatro y los profesionales exhaustos ante una pandemia que no cesa, los ingresos de pacientes críticos en estos servicios comienzan a ralentizarse. Una pequeña tregua tras varios días al borde del colapso. Todavía han de pasar unas semanas para que estas unidades de críticos vuelvan a su estado -y dimensión- normal”.

Una optimista foto de dicho diario empañada por el hecho de que el 6 de abril de los 14.748 enfermos mayores de 80 años, los más graves, sólo 130 tenían sitio en las UCI. Pero lo más grave no es que ese informe sanitario aludido por la Abogacía del Estado apunte una elogiosa y anónima visión científica sobre la evolución de la pandemia a raíz del decreto del estado de alarma.

Ese corta y pega de informes pseudocientíficos sigue sin explicar bajo qué datos sanitarios o epidemiológicos llegó el Gobierno de Pedro Sánchez el 14M a la conclusión extrema de que la única salida era el estado de alarma. En otros términos, el Gobierno oculta los informes que le alarmaron tanto que decretó la alarma nacional.

El presidente despachando con sus homólogos autonómicos este domingo.

El informe aludido, pero no entregado al Supremo, proclamaba también que “mientras exista la enfermedad una vuelta a la normalidad podría implicar el inicio de nuevo de las cadenas de transmisión y un retroceso en el esfuerzo de controlar esta epidemia, dado que todos los modelos desarrollados por los expertos, nacionales e internacionales, evidencian que una adecuada gestión de las fases de desescalado de las medidas de control y contención aplicadas resulta crucial para lograr vencer a la epidemia”.

Una vez más, los informes sanitarios del Gobierno copiados por la Abogacía del Estado emiten juicios cuya base no justifican en datos o autoridades científicas. No identifican cuáles son “todos los modelos de desescalado” que están cotejando. Ni quiénes son tales “expertos nacionales o internacionales”.

Cuando un organismo tan serio como la Abogacía del Estado avala aseveraciones tan contundentes tiene que citar las fuentes de su saber si no quiere incurrir en bulos, algo tan temido y perseguido por el Gobierno. Tampoco necesita acudir a expertos mundiales o de Plasencia para proclamar simplezas: que un mal desescalado puede acarrear una regresión. Lo que se hace mal está mal…

Es una evidencia científica que cualquiera puede avalar. Todo el mundo conoce o vislumbra ese riesgo. Y sin leer a la OMS. Lo que no conoce la población española es cuáles son los datos reales epidemiológicos y modelos de desescalado que el Gobierno ha manejado y maneja en su toma de decisiones.

Le compete tomar decisiones. Claro. Pero le compete también detallar la base científica de sus decisiones. No es material clasificado. No lo elabora el CNI. Tales informes no pueden verter meras opiniones o vaguedades.

Y, por si fuera poco, los españoles conocen menos los datos reales de la pandemia desde que el Gobierno decidió hace una semana borrar, literalmente, todos los miles de infectados que detecta cada día mediante test rápidos. El más visible modelo que tiene a su alcance el votante español es la hoja de ruta de desconfinamiento de la UE, y la infringe en su totalidad el Ejecutivo. Cuando un gobierno pide y obtiene un poder absoluto debe al pueblo una transparencia absoluta. Y Sánchez no la cumple.

Finalmente, el Supremo, confirmó ayer que rechazaba los recursos presentados contra el decreto de alarma. Lo hacía a pesar de que el alto tribunal nunca dispuso de toda la documentación requerida al Gobierno en lo tocante a los "informes pertinentes como fundamento” de dicho decreto. El Gobierno juzgó que ningún informe era pertinente y el Supremo lo ha dado por bueno. Ahora los recurrentes acudirán al Tribunal Constitucional.