La gran mentira: Sanidad aprueba o suspende sin un solo papel y sin expertos

Pedro Sánchez ha comunicado a las autonomías el cambio de fase sin informes escritos donde aparezcan razones ni autores. Todo ha sido verbal. El grupo de expertos del Gobierno es como el coronavirus: tarda en dar la cara y a veces no lo hace.

El Ejecutivo alardeaba desde hacía meses de que adoptaría todas las decisiones del desescalado en función de sus dictámenes, pero hasta ahora sólo ha emitido informaciones verbales por vía telemática a los gobiernos regionales, según confirman cuatro ejecutivos autonómicos a ESdiario. Todo ha sido comunicado y debatido por esta vía sin presencia de experto alguno.

En esas telereuniones, de las que este diario posee fotos, sólo figuran altos cargos del Gobierno de Sánchez. Ningún experto independiente. Ni tampoco experto que no sea alto cargo ministerial. Sólo ministros como Salvador Illa (Sanidad) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

Y también cuatro altos cargos de Sanidad: el secretario general, Faustino Blanco; la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz; la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio; y la jefa del área del centro de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra. Es la única epidemióloga del sexteto, y número dos de Fernando Simón.

Los encuentros con las autonomías han oscilado entre videoconferencias de dichos altos cargos del Gobierno central con el presidente y consejero regionales de turno y meras charlas telefónicas de Illa con el responsable de Salud autonómico. Sólo ha habido informes escritos en una dirección: del Gobierno autonómico al Gobierno central. El Gobierno central nunca ha respondido por escrito, sino de manera verbal, por teléfono o videoconferencia.

Una de las reuniones del personal de Sanidad con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Simón regaña a la prensa por decir que una autonomía “suspende” cuando el Gobierno impide pasar a la fase 1. Pero hay algo peor que suspender. Las autonomías han suspendido sin poder ver su examen corregido. El Gobierno no sólo no lo ha entregado voluntariamente. Ha rehusado enviarlo a autonomías que lo han solicitado expresamente, según un Ejecutivo autonómico. Y otras no lo han pedido porque saben que en la próxima tanda les darán el aprobado pendiente, según otro Gobierno regional.

La relevancia de que el Gobierno central dé una respuesta por escrito reside en su valor jurídico. Algunas autonomías quieren constatar por qué han sido vetadas. Desean tener una prueba que pueda ser usada en un eventual proceso judicial si se sienten discriminadas o perjudicadas. Un sí o un no significan libertades y millones de euros. Pero hoy no existe tal prueba escrita. Leen la nota en el BOE. Pero no el informe del Gobierno sobre el desconfinamiento hecho por los expertos que sean, de Groenlandia o subordinados de Illa.

Los gobiernos autonómicos, frente a la propaganda oficial, comprobaron la semana pasada que en este proceso no intervienen los supuestos expertos del Gobierno. Son altos cargos de Illa quienes toman decisiones políticas sobre unos formularios con una serie de parámetros (situación de la infección, de los hospitales…). Pero ignoran cómo y quiénes evalúan o cocinan en Sanidad sus datos regionales.

Altos cargos de Sanidad confiesan ya extraoficialmente a la oposición que lo de los expertos es un mito que se les ha ido de las manos. Deciden sus altos cargos, que naturalmente cuentan con sus respectivos equipos técnicos.

Simón apuntaló este fin de semana que todo queda en casa: “El equipo técnico que ha estado evaluando esto en la dirección general de Salud Pública, después de muchísimas discusiones muy intensas con todo el equipo profesional de la Comunidad Valenciana se valoró que hay 10 departamentos de los 24 departamentos de Salud que cumplen”. Por tanto, el equipo evalúa en una dirección de Sanidad. Los científicos no discuten. Los políticos, sí.

Entre Simón, Sánchez e Illa han ido delatándose cada vez un poco más

Sánchez lo delató aún más: “Los marcadores se han pactado y acordado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y a partir de ahí son los servicios de Salud Pública de las comunidades autónomas las que proponen al CCAES (el Centro de Coodinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) y al servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cuáles son los territorios que a su juicio, en función de la evaluación de los marcadores, pueden pasar a una ulterior fase. Y son precisamente esos funcionarios y funcionarias del CCAES y luego del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Sanidad quienes elevan la propuesta al ministro de Sanidad que es definitivamente quien a través de una orden ministerial publica esa decisión. Por tanto, es un procedimiento reglado, es un procedimiento absolutamente transparente, es un procedimiento en el que son los funcionarios y funcionarias, siempre bajo la premisa del criterio científico, los que elevan la propuesta efectivamente a la decisión política en este último término del ministro de Sanidad, que se publica a través de ordenes ministeriales”.

Y este martes Illa lo remachó: ningún experto interviene en el desescalado de las regiones. Sólo funcionarios. Fin del desescalado del mito de los expertos. Fin del bulo. Pero tampoco se sabe si esto no es un segundo bulo. Porque no se conocen identidades de tales funcionarios que informan. Ni constan sus firmas ni currículos. Ni se conocen sus informes. Ni se sabe si existen. Transparencia cero, en contra de lo que dice Sánchez.

En la mejor de las hipótesis y de creer a Illa, nuevo acto de fe en que ahora sí dice la verdad, quedaría la siguiente secuencia: subordinados del ministro de Sanidad elevan informes a su jefe para el desconfinamiento. Y luego le llegan a Illa. No son expertos de la UE ni de la OMS. Son funcionarios. No es malo ni bueno. Pero tienen un problema: son subordinados, no independientes. Se deben a la ciencia y al jefe. Y el ministro puede ignorar o asumir tales informes con total impunidad porque no se difunden.

El farol de los expertos es menos grave que el hecho de que Sánchez esté en fase oral en materia de desconfinamiento. La ausencia de informes escritos suscita una agria polémica con gobiernos regionales de todos los signos. Algunas autonomías comprueban que les han computado las cuatro últimas semanas de evolución del coronavirus y no las dos últimas, en contra de lo previsto y de las estadísticas que usa Sanidad. Esto les ha perjudicado. Y temen, pero no pueden verificarlo por falta de informes escritos, que esto no ha ocurrido con otras.

El valenciano Ximo Puig está indignado.

El presidente valenciano, Ximo Puig, se queja de falta de transparencia. Autonomías gobernadas por el PSOE sospechan que han sido castigadas para evitar que el veto a Madrid pareciese una venganza contra el PP. Y autonomías del PP creen lo contrario: que su situación hospitalaria no es peor que las del PSOE que sí han obtenido luz verde.

Este cruce de sospechas de arbitrariedad lo cimenta la falta de documentos escritos y firmados. No basta saber qué zonas o regiones aprueban. Hacen falta documentos detallados sobre las razones para suspender o aprobar, dato a dato, zona a zona. Hace falta poderlos comparar para eliminar sospechas de favoritismo o castigo. Y hace falta que sean conocidos sus autores, quiénes los firman.

En definitiva, que el Gobierno central haga lo mismo que exige a las autonomías. Les apremió a cumplir un plazo de entrega por escrito. Pero el Ejecutivo de Sánchez no se ha dado ninguno para responder por escrito. Sabemos quién no ha querido firmar en una autonomía. Pero ignoramos quién firma o no los informes del Gobierno.

Un somero repaso a los expertos videoconferenciantes del Gobierno prueba que sólo una es epidemióloga.

Salvador Illa. Máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE, Universidad de Navarra (1993). Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona (1986).

Teresa Ribera. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1992. Diploma de Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales (1993).

Faustino Blanco. Es Licenciado en Medicina y Cirugía en el año 1978 por la Universidad de Oviedo. Médico especialista MIR en Medicina Familiar y Comunitaria.

Patricia Lacruz. Es licenciada en Farmacia por la Universitat de València en el año 2000. Es Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. Universidad Internacional de Valencia. 2018-2019. Especialista Universitario en Auditoría, Acreditación, Evaluación de la Calidad en las Organizaciones y Prácticas Sanitarias.

María José Sierra. Es una médica especialista en medicina preventiva y salud pública y epidemiología. En marzo de 2020, debido a la enfermedad de Simón, asumió la portavocía de Sanidad para la pandemia. Es experta en emergencias sanitarias, responsable de numerosas investigaciones sobre enfermedades de importante repercusión global (Zika, virus del Nilo Occidental, dengue, leishamnia infantil, gripe A). Trabajó con su actual jefe Simón y otros diez investigadores en la fiebre hemorrágica del Congo. Es uno de los cargos de Sanidad que garantizaba la consulta a expertos para el desconfinamiento.

Aseguraba el 9 de abril que Sanidad estaba trabajando "de manera intensa" con expertos, también de la UE y de las distintas comunidades, en el diseño de la transición progresiva a la normalidad, "viendo todos los escenarios, todos los factores que van a influir, estudiándolos poco a poco, poniendo en marcha lo que hace falta tener si no lo tenemos".

Los expertos de la UE usados por el Gobierno deben de ser distintos de los manejados por la UE para hacer su hoja de ruta del desconfinamiento, cuyas medidas preventivas España incumple, cómo desveló este diario.