Iglesias usa la Ley de Seguridad del PP para cerrar su calle y blindar su chalet

"La ley mordaza contraviene todas las resoluciones internacionales sobre los derechos de reunión y manifestación". "Cuando la casta se siente acorralada recurren a leyes represivas", se quejaba Pablo Iglesias a finales de 2014, cuando aún era eurodiputado y faltaban pocos meses para su aprobación definitiva en el Congreso.

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ha sido una de las grandes obsesiones del líder de Podemos a lo largo de su trayectoria política, se ha convertido ahora en su gran aliada. Irónicamente.

Para evitar escraches en su chalet de Galapagar, el Ministerio del Interior ha recurrido a esa ley del PP demonizada hasta el extremo por la izquierda y que el propio Iglesias prometió derogar en infinidad de veces. Porque le parecía una auténtica aberración jurídica hasta antesdeayer, y un "recorte" de la democracia.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ordenó el martes a la Guardia Civil que vallara el acceso a la calle de la urbanización de La Navata donde residen los Iglesias Montero e impidiera el tránsito a todo aquel que no viviera en ella, solicitando documentación. Eso después de haber reforzado en los días previos el despliegue de efectivos, con hasta cinco patrullas en las inmediaciones del domicilio del vicepresidente. Pero no había sido suficiente.

Si Interior ha podido cortar una vía pública no es a resultas del estado de alarma, sino de la Ley de Seguridad.

El artículo 23 de la misma establece que: "Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión".

Y añade: "También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías".

La norma prevé sanciones con multas de entre 100 y 600 euros en el caso de ser leves, como lo sería éste.

Este miércoles la Unión de Guardias Civiles emitió un comunicado pidiendo a Interior que aclare "los motivos que llevan a incrementar de forma tan elevada los servicios de seguridad en torno a la vivienda de Pablo Iglesias". Y al aludido, que pida "disculpas públicas" por sus "ofensas y ataques" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En julio del año pasado, el ahora número tres del Gobierno reiteraba su oposición a la ley mordaza que en 2015 había aprobado el PP en solitario, en la legislatura de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy:

En diciembre, en el acuerdo que suscribieron Pedro Sánchez y él para un "Gobierno progresista" se comprometían a su futura derogación: "Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la Ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica".

Y presumían: "Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal".

En este vídeo del fotoperiodista Miguel Temprano se observa cómo la Guardia Civil cumplía a rajatabla las órdenes.