El juez tumba el espionaje de las cloacas a Iglesias y cree que pudo delinquir
El magistrado de la Audiencia, Manuel García-Castellón, expulsa al líder de Podemos de la pieza "Dina" de la Operación Tándem tras certificar que mintió en sus acusaciones a Villarejo.
Pablo Iglesias, el 27 de marzo de 2019 tras declarar en la Audiencia Nacional.
Fue el 27 de marzo de 2019. Al salir de su declaración en la Audiencia Nacional sobre el supuesto robo del teléfono móvil de su entonces asesora Dina Bousseham, Pablo Iglesias lanzó públicamente una grave acusación: él mismo era víctima de "un trama" que vinculaba a "policías, medios de comunicación y empresarios". El objetivo, según el líder de Podemos, entablar contra él una auténtica guerra sucia para boicotear su presencia en la vida política.
Un año después, la Justicia ha demostrado que lo de Iglesias no solamente fue una enorme manipulación. Fue una gran mentira. Más grave aún si se tiene en cuenta que en base a esta falsa acusación, Iglesias lanzó en los medios y en el Congreso una ofensiva general contra lo que él ha dado en llamar "las cloacas de Estado".
Lo que va desde aquel 27 de marzo del año pasado hasta este 25 de mayo es un demoledor informe de la Fiscalía Anticorrupción y un auto no menos demoledor del juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, tras sus pesquisas en la llamada Operación Tándem y en la pieza separada conocida como Dina, que investiga el supuesto espionaje a Iglesias del excomisario José Manuel Villarejo.
El juez: Las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna, pero además, las contradicciones desgranadas a lo largo de esta resolución exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la posición procesal pretendida"
Esta decisión difundida este lunes por el Juzgado Central de Instrucción número 6 llega después de que la propia Fiscalía Anticorrupción lo pidiera la semana pasada, días después de la declarción de la que fuera asesora del líder morado.
Según relató Bousseham al juez, Iglesias le devolvió la tarjeta de su móvil después de que el contenido de la misma fuera publicado, esto es, en el verano de 2016, a pesar de que el propio secretario general de Podemos declaró ante el magistrado que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la había entregado en enero de ese año tras llegar anónimamente a la revista Interviú. Esta versión fue corroborada por el propio Asensio.
"En este momento dicha condición resulta insostenible toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna, pero además, las contradicciones desgranadas a lo largo de esta resolución exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la posición procesal pretendida", aclara el auto.
La asesora de Iglesias y protagonista de la Operación Tánde, Dina Bousseham.
De esta forma, el juez Manuel García-Castellón ordena retirar a Pablo Iglesias la condición de víctima como perdujicado por las actividades de Villarejo. Por que las investigaciones judiciales "no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna" el ahora vicepresidente segundo del Gobierno.
Es más, el magistrado advierte de que a lo largo del procedimiento se han descubierto "contradicciones" incompatibles con su supuesta posición de damnificado. De esta manera, García-Castellón expulsa a Iglesias de la causa y le afea de paso que haya ocultado entre 5 y 36 meses un pendrive con fotos íntimas de su colaboradora.
El magistrado de la Audiencia Nacional apunta que no se ha acreditado la participación del comisario Villarejo en el robo del móvil de Bousseham. Iglesias reconoció en su declaración judicial que no le devolvió el teléfono a su asesora hasta junio o julio de 2016, es decir, al menos cinco meses después.
Más extraño aún. Cuando Bousselham intento acceder a su archivo USBb, vio que éste estaba estropeado y era imposible abrir los archivos. Por eso, García-Castellón apunta a la posibilidad de que la propia asesora emprenda acciones legales contra Iglesias.
Y el juez no solamente tumba la falsa condición de perjudicado del número tres del Gobierno de Pedro Sánchez. Dinamita también toda la estrategia pasada sobre las cloacas que tanto rédito mediático y electoral le ha proporcionado a Podemos.
