Un jubilado puso a la Guardia Civil tras la pista de las irregularidades del 8-M
Los investigadores revelan en su informe a la juez Rodríguez-Medel que desde la Delegación del Gobierno se hicieron llamadas extraoficiales. Habla uno de los testigos que guió sus pasos.
El ministro Grande-Marlaska este martes en rueda de prensa.
La investigación encomendada por la juez de Instrucción Carmen Rodríguez-Medel a la Guardia Civil para determinar si hubo responsabilidades penales en torno a la manifestación del 8 de marzo tuvo un punto de inflexión.
Se produjo cuando los agentes empezaron a interrogar a los promotores de manifestaciones que había convocadas en Madrid los días anteriores o inmediatamente posteriores al famoso 8 de marzo, siempre antes de que se decretara el estado de alarma. Hubo 35 de ellas que se desconvocaron, 26 por la alerta sanitaria.
Los investigadores relatan en su informe cómo descubrieron "la existencia de llamadas telefónicas por parte de la Delegación del Gobierno a los convocantes de las manifestaciones con el fin de sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria". Si no tenían intención de hacerlo motu proprio, les instaban a ello con "expresiones imperativas".
Lo más significativo es "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno". Los guardias civiles sostienen que no constaban porque eran totalmente extraoficiales, con el objetivo de que los promotores las desconvocaran pero sin que pareciera lo que realmente era: que la Delegación, después de no hacer nada por evitar 120.000 personas en el centro de Madrid el domingo 8 de marzo, a las pocas horas estaba tratando por todos los medios de que no hubiese más.
Salvador Illa y Fernando Simón.
El informe se detiene en el testimonio del portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, Pedro Gallego, que sin saberlo puso tras la pista al agente que le interrogó como testigo. La Plataforma tenía convocada una manifestación el domingo 15 de marzo y una concentración el 16.
El miércoles 12 de marzo, según relatan los investigadores, Gallego "recibe llamada telefónica de una mujer que se identifica como empleada de la Delegación del Gobierno, la cual le indica que 'las mismas no se podían celebrar quedando suspendidas por la grave situación sanitaria' (...). La llamante insta al señor Gallego a que sea él quien proceda a desconvocar las manifestaciones previstas".
Y continúa: "La llamada resultó extraña al señor Gallego, quien hasta la fecha había tenido únicamente comunicación con la Delegación del Gobierno vía correo electrónico (...). Tuvo la percepción de que la mujer que la llamo estaba 'preocupada, como si alguien la estuviera obligando a realizar las llamadas telefónicas con la finalidad de convencer a los convocantes de las concentraciones de que fueran ellos quienes desconvocaran".
ESdiario se ha puesto en contacto con este jubilado, cuya primera reacción fue de sorpresa por que haya acabado trascendiendo a la prensa su testimonio cuando el agente que le interrogó le informó asimismo del secreto de las investigaciones. Y de que tal vez acabaría teniendo que prestar declaración como testigo en un juicio oral.
Según Gallego, cuando aquella funcionaria le llamó el miércoles, su organización ya había decidido la tarde antes "por voluntad propia" suspenderlo todo. "Cuando me llamó, se identificó y me dijo 'dada la situación que estamos viviendo...' enseguida me adelanté y le dije que no se preocupara porque nosotros lo habíamos cancelado todo".
El portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón corrobora que aquella mujer le pidió que mandara un escrito para que quedara constancia de que eran ellos quienes suspendían y no la Delegación del Gobierno la que desautorizaba. "Tengo una copia de toda eso", añade. Y reitera: "Me dio la sensación de que la mujer estaba preocupada, pero fue simple percepción".
Las llamadas fueron extraoficiales y la Delegación del Gobierno se encargó de que no quedara constancia
El informe de la Guardia Civil destaca que el director de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno certificó que "todo queda registrado" en lo que respecta a las manifestaciones, incluidas "desconvocatorias o modificaciones en itinerarios". Así que esas llamadas extraoficiales son una prueba de cargo.
"Hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el Covid-19 y su interés real de que no se celebraran".
El famoso congreso evangélico
Eso inmediatamente después del 8 de marzo, porque antes de esa fecha, y como ya publicó ESdiario, el ministro de Sanidad y Fernando Simón se reunieron el 5 y el 6 de marzo con los responsables del congreso evangélico Unlimited, que debía celebrarse en la Caja Mágica con 8.000 personas. Simón les trasladó, a decir de uno de ellos, que el cónclave debía cancelarse por "el escenario grave de pandemia". Para entonces se había detectado un brote en la comunidad evangélica de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró que no teme acabar siendo juzgado. De momento no está siquiera imputado.