Sánchez exigió la dimisión del ministro del Interior del PP por "abuso de poder"

Pedro Sánchez ha hecho un pacto consigo mismo para no dejar caer a ninguno de los ministros de su Gobierno, puesto que sería un signo de debilidad. Y menos a uno elegido por él mismo como lo es Fernando Granda-Marlaska.

La reacción del ministro del Interior tras publicarse (lo adelantó El Confidencial) el documento que prueba que sí cesó a Diego Pérez de los Cobos por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones" fue un sostenella y no enmendalla en el Senado.

Y, en paralelo, desde su departamento intentaron embarrar más el terreno al filtrar que Pérez de los Cobos mintió a sus superiores políticos y les dijo que la juez Carmen Rodríguez-Medel había ordenado posponer la investigación encargada hasta después del estado de alarma.

Al escándalo político por la "injerencia" -según la oposición- del ministro en unas diligencias judiciales que afectan al delegado del Gobierno en Madrid se une la vía judicial. La magistrada de Instrucción número 53 puede enviar una exposición razonada al Supremo contra Grande-Marlaska al haber quedado probado que Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir una orden suya.

La visión laxa que ahora parece tener el presidente Sánchez de la separación de poderes y de la capacidad de mando de un ministro del Interior -el suyo- sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contrasta con la escrupulosidad que exigía cuando estaba en la oposición.

En el verano de 2016 Sánchez pidió la dimisión del entonces ministro del Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, por un asunto que acabó en una querella contra él en el Tribunal Supremo y su posterior archivo. No solo la demandó el socialista: también su ahora socio de Gobierno, Pablo Iglesias.

Por aquel entonces se publicaron unas viejas grabaciones obtenidas de forma ilegal en el despacho del ministro correspondientes a los días 2 y 16 de octubre de 2014. En ellas Fernández Díaz hablaba con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, de varias investigaciones por corrupción contra partidos y líderes independentistas.

El Gobierno de Rajoy estaba entonces en funciones tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Y estaban a punto de celebrarse unas segundas el 26 de junio de 2016. Inmediatamente después de publicarse la información, y cuatro días de los comicios, Sánchez salió en tromba a hacer una "declaración institucional" desde Oropesa contra el ministro del Interior en funciones, pidiendo su dimisión o su cese por tamaño "abuso de poder".

"Es absolutamente inaceptable que se traten de usar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dirigir su acción a objetivos contrarios a la ley y, sin duda, con intenciones partidistas. El uso de las instituciones públicas con fines partidistas, es la máxima expresión de la corrupción que debemos extirpar de la vida pública", denunció.

Y añadió: "No es posible que Jorge Fernández Díaz continúe ni un minuto más como ministro del Interior de un Gobierno en funciones. Lo exige la dignidad de la institución que es el Gobierno de España, primer obligado a respetar en todo momento la ley. Lo exige la coherencia elemental con los principios esenciales de un sistema democrático como el nuestro, que no se puede ver empañado por actitudes de esta naturaleza; y, finalmente, lo exige el respeto a los ciudadanos que no pueden aceptar que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado sean utilizadas con finalidades partidistas, en vez de aceptar su actuación conforme a la Ley y al Estado de Derecho".

Dijo más: "Mi compromiso es firme: Si el Partido Socialista preside el nuevo Gobierno de España, garantizaremos que los poderes del Estado actúan con independencia y neutralidad, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán al servicio de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y ciudadanas de este país, y protegerán los derechos y libertades de todos ellos sin injerencias del poder político; y que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarán con sujeción exclusiva a la ley, al Estado de Derecho y a la persecución del delito".

Aquí está el vídeo:

Ahora su línea de defensa es que, como afirmó el domingo en una conversación informal con periodistas, la Guardia Civil es un Cuerpo "muy complicado".

Aquel episodio de Jorge Fernández Díaz derivó en una querella en el Supremo interpuesta por el PDCAT por presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación. Ni siquiera fue admitida porque la Sala de lo Penal consideró que no existían "indicios de que hubieran cometido tales delitos", en las grabaciones.

Está por ver hacia dónde conduce el escándalo de Grande-Marlaska.