El Supremo enfila a Sánchez e Iglesias por colocar al vicepresidente en el CNI

El Tribunal Supremo ya está analizando la querella presentada contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la inclusión de éste último en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, la encargada de controlar el CNI. El magistrado Vicente Magro ha sido el designado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena para dirimir si ambos han incurrido en un delito de prevaricación.

La querella presentada el pasado 3 de marzo por el Partido Laócrata contra el líder del Ejecutivo y el vicepresidente segundo del Gobierno, entiende que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación ya que, a su juicio, incluir a Iglesias en dicha comisión supone "un abuso de competencias patente y grosero".

Así, será Magro el ponente de la resolución que acuerde si Sánchez e Iglesias deben ser investigados por estos hechos, para lo que se designará un instructor de la causa, o por el contrario se debe archivar la querella. Antes de todo ello, la Sala, previsiblemente, dará traslado a la Fiscalía para que informe sobre si considera pertinente abrir causa o no contra ellos.

Por su parte, el Partido Laócrata, que también ha pedido que se investigue el llamado Delcygate, expone en su escrito que el nombramiento de Iglesias como integrante de la comisión es una "desviación y torcimiento del derecho de manera clara, evidente y a sabiendas".

De hecho, apuntala su argumento en que la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece que la Comisión debe ser presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe el presidente, en este caso Carmen Calvo, e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretario.

El escrito de la querella destaca los "vínculos" de Iglesias con otros países

De esta manera, consideran que el decreto que permitió la llegada de Iglesias "desprecia de una forma arbitraria, palmaria y torticera" la ley para hacer cumplir "la voluntad caprichosa" de incluirle y darle así acceso a los más altos secretos del Estado.

Además, aseguran que el vicepresidente segundo del Gobierno "tiene contrastados vínculos con países y gobiernos no incluidos en el Tratado de la OTAN", por lo que "pone en grave riesgo la seguridad nacional", ya que los temas que se tratan en dicha Comisión Delegada "son de especialísima delicadeza y de alto secreto" y que atañe a la formación de una comunidad de Inteligencia, en unión con aliados y países de la OTAN".