Sánchez pone a la Fiscalía de su amiga "Lola" a blanquear el 8-M y sus culpas
El escrito de la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa en la que está imputado el delegado del Gobierno ni siquiera lleva firma, algo inédito. Su posición era tan esperada como polémica.
El delegado del Gobierno en Madrid junto a la fiscal general del Estado en un acto del PSOE.
Todas las reservas con las que la oposición recibió el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras su paso por el Ministerio de Justicia se demostraron ciertas este lunes.
No por esperada, la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa en la que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la manifestación del 8-M ha resultado menos controvertida.
Incluso intramuros, puesto que el escrito enviado por la Fiscalía Provincial de Madrid a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no lleva firma, en un hecho insólito. Hecho en torno al que hay un mutismo total.
Fuentes del Ministerio Fiscal consultadas por ESdiario explican que a veces sucede que las diligencias de investigación de Fiscalía no van firmadas para que el denunciante no conozca la identidad del fical, pero éste no es el caso. En esta ocasión se trata de un escrito dentro del procedimiento, y esos siempre van firmados.
La semana pasada la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que es abogada del Estado en excedencia, ya anticipó cuál sería el movimiento de la Fiscalía y apuntó como autor material del mismo a la mano derecha de Delgado: el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.
La postura de los fiscales era previsible desde el mismo momento en que la abogada del Estado que defiende a Franco, Rosa María Seoane, pidió dar carpetazo a la investigación del 8-M y acuso a la juez instructora de intentar abrir una "causa general" contra aquella manifestación.
El escrito de la Fiscalía es más comedido en las formas, pero con la misma beligerancia en el fondo. Según éste, el delegado del Gobierno no estaba "obligado ni legitimado" para prohibir la manifestación, puesto que las competencias en materia de salud pública son de las comunidades. Ergo de Isabel Díaz Ayuso.
Por ello y porque no existe un papel donde el Ejecutivo madrileño advirtiera del riesgo de continuar con la cita -según la tesis de la Fiscalía- es insostenible acusar al delegado del Gobierno de prevaricación administrativa. Y es "prácticamente inverosímil" pensar que si esa manifestación no se hubiera producido se podría haber evitado "la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad".
La semana pasada hubo una reunión en la Fiscalía General del Estado al más alto nivel, desvelada por El Mundo, en la que hubo conjura para actuar como puerta acorazada frente a las demandas y querellas en torno al 8-M.
Franco declarará este miércoles ante la juez Rodríguez-Medel en calidad de investigado sabiéndose respaldado por aquella que le ha acompañado en varios actos del PSOE de Madrid en el pasado y a quien llama "Lola".
Pero no solo de ella, sino también del propio Sánchez. El presidente ha decidido que la crisis del coronavirus no tendrá responsables políticos en su Gobierno (otra cosa es en el PP, con el señalamiento constante a Díaz Ayuso) y, en lo que esté en su mano, tampoco responsables judiciales. En eso está.