Franco ignora los informes y ratifica que no hubo razones para desconvocar el 8M
El delegado del Gobierno insiste ante la magistrada Rodríguez-Medel que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental".
El delegado del Gobierno tras prestar declaración.
Aferrándose a la estrategia del Gobierno. E ignorando los informes que avisaron a distintas instancias gubernamentales del riesgo latente de la expansión del coronavirus. Ese ha sido el eje argumental de la esperada declaración ante la juez Carmen Rodríguez-Medel del delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco.
Franco ha revelado al término de su declaración que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación el pasado 8 de marzo en Madrid. Ha añadido que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos en la evolución del Covid-19.
A su juicio, "no está acreditado" que la expansión del virus en Madrid "tuviera que ver con la manifestación" y ha subrayado que en todo momento se hizo lo que los expertos sanitarios recomendaban.
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras más de dos horas de declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.
La Fiscalía, sin embargo, no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión.
Franco ha llegado poco después de las tres de la tarde de este miércoles al edificio de los juzgados de instrucción de Madrid. El delegado del Ejecutivo, también secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha accedido al edificio de los juzgados situados en la Plaza de Castilla de la capital acompañado de la abogada del estado Rosa María Seoane, que ejerce su defensa.
En el lugar se manifestaban tres personas, una de las cuales mostraba una bandera de España un crespón negro mientras que otras dos portaban señales de de STOP a las que habían añadido el término "feminazis".