Franco se esconde detrás de los "expertos" y anticipa la defensa de La Moncloa

El Gobierno ha sido testigo este miércoles del ensayo general frente al complicado horizonte judicial que le espera cuando amaine definitivamente el temporal de la pandemia del coronavirus.

Con medio centenar de querellas -en el Tribunal Supremo y en varios tribunales repartidos por toda España- que acusan al propio Pedro Sánchez, a los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska, y al doctor Fernando Simón. Ellos son los principales señalados.

Y un repóquer de delitos que les acechan: homicidio imprudente, prevaricación, imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones, omisión del deber de socorro, y delitos contra la seguridad de los trabajadores. Con dos recorridos paralelos pero bien distintos, los de los tribunales penales y los contencioso-administrativos.

Está por ver cómo explican las denuncias que afectan a la generalizada falta de medios en los hospitales, residencias y Fuerzas de Seguridad del Estado. Que sustentan varias de las principales querellas. Pero en lo que respecta al 8-M, el primer imputado formalmente ha dejado este miércoles las primeras pistas.

En su declaración ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, ha dejado sentada la estrategia defensiva de La Moncloa. Los informes que llegaron -de la OMS y la propia Unión Europea- no eran concluyentes y, por encima de todo, primaba el derecho de manifestación antes que la prevención pública. Esa parece ser la hoja de ruta diseñada por la Abogacía del Estado.

"No puedo puedo considerarme responsable del 8-M en absoluto porque en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales", es lo que le ha dicho Franco a la juez.

Y, como han hecho ya varios ministros, como Irene Montero, el primer político en sentarse en un juzgado se ha parapetado tras los "expertos". Por eso, ha explicado que las decisiones se adoptaron "con arreglo a las noticias que se iban teniendo de las opiniones de los expertos sanitarios”. Según algunas fuentes, Franco ha intentado incluso endosar las responsabilidades a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha subrayado que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación de Madrid. Y ha reiterado en varias ocasiones que él no es competente en materia de Sanidad y que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19.

El delegado del Gobierno abandona los juzgados de Madrid tras declarar por el 8-M.

Pero la clave de la declaración de Franco, a la que sin duda se aferrará el Gobierno si acaba compareciendo en sede judicial, ha estado en su combate al informe del forense sobre la "hecatombe" que se pudo evitar con las desconvocatorias de las marchas feministas.

"Por supuesto, no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8, entre otras motivos porque los técnicos y los expertos sanitarios saben que el contagio tarda en manifestarse catorce días", ha dejado dicho el delegado del Gobierno en sede judicial.

El mismo hilo argumental que ha venido sosteniendo tanto el ministro Illa como Fernando Simón. Y lo que separa la imprevisión que ningún experto ya discute a los delitos de homicidio imprudente, prevaricación e imprudencia grave que planean sobre La Moncloa.

Más aún cuando este mismo miércoles se ha confirmado que la Fiscalía de Bérgamo va a interrogar al primer ministro italiano, Giuseppe Conte; a su ministro de Sanidad, Roberto Speranza; a la titular de Interior, Luciana Lamorgese. Y cuando las barbas de tu vecino...