La jueza del 8M estrecha el círculo pese a la última maniobra de la Fiscalía

La jueza Carmen Rodríguez Medel quiere conocer todos los detalles que rodearon la marcha feminista para así estrechar el círculo de investigación y conocer con exactitud si el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, cometió un presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar la marcha feminista del 8-M en plena pandemia, favoreciendo la expansión del virus.

Durante la mañana han desfilado por los juzgados de Plaza de Castilla cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno y tres promotores de manifestaciones, que han ratificado sus declaraciones ante la policía judicial, que obran en los informes de la Guardia Civil.

De hecho, uno de estos organizadores el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri Izquierdo, ha confirmado ante la jueza que la Delegación del Gobierno le llamó después del 8 de marzo, cuando se celebró la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pero antes de que se declarara el estado de alarma para instarle a que desconvocara su concentración por motivos sanitarios.

La Fiscalía recurre ante la Audiencia Provincial por la "celeridad" de la jueza

Mientras tanto, desde la Fiscalía se ha vuelto a maniobrar presentado un nuevo recurso en apelación ante la Audiencia Provincial para intentar que la titular del juzgado dé carpetazo a la investigación criticando la celeridad de la misma en cuanto a la tramitación de los recursos presentados, lo que a su juicio, ha "vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva".

De hecho, ha señalado que "a día de hoy ya existen más de 3000 folios en la causa, circunstancia que pone en evidencia que ésta se está instruyendo sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados, y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción".

De este modo, los fiscales creen que la magistrada debería "haber declarado nula de oficio las providencias que se recurrieron y que tramitaron los recursos por cuanto la instructora era la única facultada para imprimir velocidad a los recursos exhortando a las partes a la contestación de los mismos".

Por su parte, la tarde de este jueves continuará con las declaraciones de los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.

Así, está previsto que declaren Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.

Rodríguez Medel solicita información a Ayuso y Almeida

Por su parte, la jueza también ha dictado una providencia en la que solicita a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que informen sobre los "eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo" y si algún acto así fue "suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19".

Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción del caso incluye en su providencia los "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha asegurado que "vamos a cooperar, como no podía ser de otra manera", añadiendo que no tiene "ningún temor ni ningún miedo a que se puedan producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid".

Aún así, ha recordado que el Consistorio no tiene "obviamente competencia en el ámbito del orden público ni la capacidad ni información que en su caso se podía disponer por parte de otras administraciones".

La estrategia del delegado del Gobierno

De hecho, lo llamativo es que Rodríguez Medel dicta esta orden a petición de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, que pretende así demostrar que ninguna administración conocía el alcance de la pandemia y de esta manera, exonerar a Franco de cualquier responsabilidad.

Y es que, ya en las declaraciones de este miércoles, el delegado del Gobierno ya apuntó la estrategia a seguir, asegurando que "no puedo puedo considerarme responsable del 8M en absoluto porque en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales".

Sin embargo, hay otros testigos que ya contradicen a Franco, incluso su mano derecha, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, ha asegurado a la jueza, según ha publicado OKdiario, que ya el 2 de marzo existía una comunicación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que se aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.