El caos de Trabajo con los ERTE tiene consecuencias y las pagan los funcionarios
El sindicato CSIF, que agrupa a los trabajadores de las oficinas del SEPE, presentan una denuncia ante las amenazas que están recibiendo por la indignación de los afectados que no cobran.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Los hechos se empeñan en arruinar la propaganda del Gobierno y su escudo social. Lo saben bien los funcionarios que trabajan en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE), testigos de excepción, pero involuntarios, de la ola de indignación de las decenas de miles de trabajadores que aún no han percibido las prestaciones por los ERTE.
Pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presuma de lo contrario y de que las propias entidades bancarias se hayan rebelado, hartas de adelantar ellas las partidas presupuestarias.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha plantado y ha interpuesto este viernes una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen "amenazas físicas y coacciones" que reciben los empleados del SEPE, las otras víctimas atrapadas en la gestión del departamento de Díaz.
Así, el sindicato ha puesto en conocimiento de la Justicia los datos de varios usuarios para que procedan a la identificación de los autores, ya que considera que los mensajes pueden ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones e injurias.
CSIF denuncia su preocupación ante la inminente apertura al público de las oficinas del SEPE a partir del próximo día 15 de junio y ha rechazado la apertura inmediata, porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de expedientes de regulación temporal de empleo sin resolver (y por tanto personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar), además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar.
En un comunicado, el sindicato considera que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. "Es más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden", ha añadido.
El sindicato ha presentado al juzgado mensajes en las redes sociales con frases como: Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego; Os vais a arrepentir de estos tres meses dejando sin cobrar a tantas personas o Espero que a alguien se le vaya la pinza y empiece a pegar tiros.
Asimismo, ha rechazado la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE, puesto que cree que las oficinas deben "reanudar la atención al público al mismo tiempo", garantizando las mismas y máximas medidas de seguridad sanitaria.