El Gobierno usa el auto del 8-M como escapatoria de su responsabilidad política

La juez Carmen Rodríguez-Medel ha pasado de villana a heroína de la izquierda en cuanto ha ordenado el archivo provisional de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por no prohibir la manifestación del 8 de marzo.

Este viernes el PSOE y Podemos volvieron a creer, de pronto, en la Justicia y a defenderla. Después de criticar a la magistrada por admitir a trámite una denuncia del abogado Víctor Valladares e investigar; después de provocar la mayor crisis en la Guardia Civil desde los tiempos de Luis Roldán y de agitar el espantajo de la Policía patriótica; y después de encañonar a una magistrada de instrucción con toda la fuerza de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado.

La ministra de Igualdad se felicitaba así por los arrestos de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para acabar tumbando "la estrategia de señalamiento del 8M".

Sin embargo, tan ocupados estuvieron socialistas y morados en felicitarse por la derrota de quienes han intentado "criminalizar el feminismo" -según el PSOE-, que omitieron conscientemente una de las afirmaciones que hace la magistrada en el auto:

"Indiciariamente la celebración de manifestaciones y concentraciones de marzo de 2020 incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública (...). Es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación con la gravedad de la información".

Así pues, el PSOE y Unidas Podemos van a utilizar la sentencia como trampilla para rehuir toda la responsabilidad política -que no penal- en torno a la manifestación del 8-M, cuando el escrito es lo más alejado a eso.

En él, Rodríguez-Medel sentencia ni más ni menos que no hay delito de prevaricación administrativa imputable a José Manuel Franco porque no se han hallado indicios de que el delegado del Gobierno en Madrid tuviera "un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que, para la salud de las personas, entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".

Y que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario". Y tampoco "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del COVID19".

El fallo se limita a la persona de Franco, y de hecho la magistrada especifica: "Si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento, donde lo relevante es si lo tenía el Sr. Franco". Exclusivamente él.

Viéndose venir la estrategia de socialistas y morados de coger la parte por el todo, el PP dejó claro este viernes que respeta el archivo provisional -recurrible en todo caso- pero que seguirá pidiendo "responsabilidades políticas".

La reacción de Vox fue distinta. El propio Santiago Abascal acusó al Gobierno de haber ejercido su poder hasta torcer el brazo de la juez: "Primero forzaron a la Guardia Civil para conseguir el informe. Y cuando lo han obtenido ilegalmente, y han comprobado las evidencias en su contra, han presionado a los funcionarios para que cambiaran la declaración. Son una mafia", señaló.