Archivan la causa del 8-M al no quedar probado que Franco conociera su peligro

Caso archivado. La juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido sobreseerlo al no hallar indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid en el marco de la manifestación del 8M.

La magistrada concluye que José Manuel Franco "no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".

Y añade que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario". Y que tampoco "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".

El Gobierno de Pedro Sánchez gana esta partida después de poner no solo a la Abogacía del Estado al servicio de José Manuel Franco, sino también a la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado. La tesis de una y otra durante la instrucción ha sido que Franco no tenía la información suficiente para valorar la gravedad de la situación en ese momento y que ni siquiera posee competencias en materia sanitaria.

El Ejecutivo intentó convertir esta instrucción en una especie de causa general contra el feminismo por parte del centro derecha. Causa penal a la que la inmensa mayoría de juristas auguraban poco recorrido al tratarse la prevaricación administrativa de un delito de resultado: había que probar que acción concreta, u omisión, había provocado miles de contagios.

No obstante lo más llamativo es que la Fiscalía pidió su archivo antes siquiera de escuchar la declaración del delegado del Gobierno y los testimonios de varios miembros de su equipo y de una decena de promotores de manifestaciones convocadas los días siguientes que fueron finalmente suspendidas.

Su archivo, no obstante, deja una secuela importante en el seno del Ministerio del Interior, en lo que respecta a la relación del ministro y su equipo con la Guardia Civil tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y los que vinieron después.

De hecho, como ya avanzado ESdiario, el exjefe de la Comandancia de Madrid tiene muchas posibilidades de ganar el recurso contra su cese acogiéndose a la jurisprudencia existente y en especial al caso del que fuera comisario provincial de Palencia, Julián Cuadrado.

Pese al carpetazo a la causa del 8-M, la crisis del coronavirus tendrá un largo recorrido en los juzgados de toda España -por aspectos diversos como la falta de material de protección para los sanitarios y demás personal en primera línea, el drama vivido en las residencias y las cuantiosas pérdidas económicas para muchos negocios, entre otras derivadas.