Marchena organiza el aluvión de querellas a Sánchez para empezar a tomar medidas
La Sala de lo Penal comienza a estudiar la admisión a trámite de 16 querellas y 24 denuncias por la gestión del Covid. Y analiza como acumularlas para arrancar la investigación.
El juez Marchena, ante el reto de gestionar el horizonte judicial del Covid.
El archivo de la causa sobre el 8-M decretado por la juez Carmen Rodríguez-Medel no va a evitarle al Gobierno un complicado horizonte judicial para dar cuenta de su gestión frente al coronavirus. Y es tal la avalancha de querellas y denuncias que hacen cola en el Tribunal Supremo que los magistrados han decidido ordenar ya el aluvión como paso previo para ponerse a ello.
La Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena acumula a fecha de este martes un total de 16 querellas y 24 denuncias por supuestos delitos derivados de la gestión por el Gobierno de la pandemia y está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación penal, han informado fuentes del alto tribunal.
Cabe recordar que las denuncias se presentan por unos hechos que se consideran delictivos, mientras que las querellas se dirigen contra personas concretas a las que se considera autoras de una determinada conducta criminal.
En este caso, entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas del coronavirus, en calidad de acusación particular.
La diferencia entre unas acusaciones y otras es la que está ocupando estos días la labor de los magistrados, según las fuentes consultadas, ya que mientras que las denuncias pueden ser presentadas directamente para informe a la Fiscalía, al igual que las querellas que impulsan acusaciones particulares, las que son presentadas por asociaciones requieren más trámites. Así, sus representantes deben presentar poder y se les impone una fianza, que en el Supremo suele ser casi siempre de 12.000 euros.
Así, estos días la Sala de lo Penal trabaja en estas funciones preliminares para agrupar las diferentes acciones penales presentadas por materia, delitos y querellados, ya que algunas se han presentado contra todos los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez mientras que otras se dirigen de forma específica contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros altos cargos de su departamento como Fernando Simón.
Una vez se organicen todas estas acciones por grupos se remitirán a Fiscalía para que fije postura sobre competencia, sobre la conveniencia de las acumulaciones y sobre la exisitencia o no de indicios para sostener una investigación penal. Y en este momento, el Ministerio Público que manda la exministra Dolores Delgado tendrá que retratarse.
Muchas de las querellas piden responsabilizar a Sánchez y a sus ministros de las al menos 27.000 muertes que ha habido en España desde el inicio de la pandemia. Así lo han hecho once abogados, en nombre de más de 3.000 familias, o Vox.