El último lujo de Iglesias y Montero en su mansión pagado con dinero público
Marlaska ha enviado al uno de los grupos especiales de la Guardia Civil encargado del control de masas para proteger al vicepresidente de las caceroladas que se celebran frente a su casa.
Pablo Iglesias e Irene Montero en una imagen del Congreso de los Diputados
Blindada. Así está cada día el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar gracias a un veintena de guardias civiles de élite que se encargan de la seguridad del vicepresidente para que nadie se atreva molestar a quien hace apenas unos años estaba al otro lado del cordón policial.
Y es que, Marlaska ha enviado a Galapagar a miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), según publica El Mundo. Una de las unidades de élite de la Guardia Civil destinada al control de masas y a garantizar el orden público en grandes concentraciones.
De hecho, esta unidad está especialmente concebida, preparada y organizada para cumplir su misión específica de prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad pública, tal y como señala el propio Ministerio del Interior.
Como muestra basta recordar que estas unidades fueron enviadas a Barcelona durante los disturbios originados tras la sentencia del procés, aunque finalmente Marlaska decidió que no interviniesen en las calles de la ciudad condal, a pesar de la grave situación, aunque sí que cooperaron con el resto de fuerzas de seguridad en los conflictos del aeropuerto de El Prat.
Y es que, parece que el Gobierno está especialmente preocupado por la seguridad de Iglesias, desde que cada tarde se reúnen en Galapagar decenas de personas, bandera en mano, para protestar por la gestión del Ejecutivo.
De hecho, ya a mediados del mes de mayo Interior ordenó cortar los accesos a la calle de Galapagar en la que está situado el chalet para impedir que las protestas llegasen hasta su puerta, y esa vigilancia continúa intensificándose, permitiendo el paso solo a los residentes.
Por ello, desde Vox ya han exigido información sobre el papel del CNI en la organización de este dispositivo, así como "los informes en los que se ha basado el Ministerio de Interior para coartar el derecho a la libre circulación, al impedir el acceso a la vía pública frente al domicilio del vicepresidente Iglesias". Un lugar en el que además las sanciones a los ciudadanos siguen produciéndose al amparo de la ley de Seguridad Ciudadana, la misma ley "mordaza" que el Gobierno prometió derogar.
