La Fiscalía niega que Madrid dejara morir a ancianos y rompe a Sánchez su relato

Los diversos caminos judiciales de la crisis del coronavirus serán tan largos como lo fueron los de las cláusulas suelo o la estafa de las preferentes que bancos y cajas de ahorro endosaron a personas sin conocimientos financieros en la anterior crisis.

Y en lo que respecta a las residencias, especialmente. "Son una bomba de racimo", describen gráficamente desde la Fiscalía Superior de Madrid a ESdiario, en el sentido de que es imposible llevar la cuenta de las acciones interpuestas por gestores y familiares afectados por el drama vivido en residencias de toda España. Por la vía penal.

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus partidos han convertido las residencias en la afilada punta de lanza contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de animar a los damnificados -como lo hizo el vicepresidente segundo- a acudir a los tribunales ante lo que ha calificado como "un escándalo, si no un crimen".

Sin embargo, hasta la propia Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado ha empezado a reconocer que intentar culpar y condenar a la Comunidad de Madrid de un delito de denegación de auxilio por no trasladar a ancianos infectados a los hospitales es descabellado.

El criterio del Ministerio Fiscal queda claro en el caso de la residencia de ancianos Pablo Neruda de la localidad madrileña de Ciempozuelos, cuyos gestores, la firma Clece Vitam, presentaron en marzo una denuncia contra la CAM por ese delito, recogido en el artículo 412.3 del Código Penal, y pidieron una serie de medidas cautelares. La primera, ordenar al Ejecutivo madrileño que interviniera la residencia y la convirtiera en un "hospital geriátrico".

El juez archivó la denuncia en lo que supone el primer pronunciamiento de la Justicia en la crisis de las residencias, que abre así camino. Y lo que es más: lo hizo con el total respaldo de la Fiscalía; lo que aventura que por más que Sánchez quiera instrumentalizar a los muertos en las residencias madrileñas contra Díaz Ayuso, esta vez ni para el órgano de Dolores Delgado esa estrategia se sostiene.

En concreto, el escrito del magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de Valdemoro, al que tuvo acceso este periódico, señala: "Dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, éste informó en el sentido de no quedar acreditada la existencia de ilícito penal alguno que permita la adopción de las medidas (cautelares) reclamadas al amparo de lo previsto en el art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". En este caso la competencia es de la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés.

Pedro Sánchez junto a la ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Tanto la presidenta madrileña como su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han negado insistentemente en los últimos días haber dejado morir a ancianos y han afirmado que se ha luchado por cada vida, ante las acusaciones vertidas desde su propio Gobierno por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Cs).

El juez Javier Corral argumenta en su auto que culpar al Gobierno regional de un delito de denegación de auxilio sería tanto como reconocer "la comisión dolosa". Un sinsentido: "Es una infracción eminentemente intencional, de tal forma que el dolo será requisito inexcusable del tipo, pues es preciso que el sujeto activo, teniendo conocimiento por el requerimiento del particular de la trascendencia, del alcance y de la necesidad de su intervención, se la niegue no obstante, absteniéndose de prestarla sin causa que lo justifique".

Y sostiene que para evaluar lo ocurrido en las residencias, utilizando el caso concreto de la Pablo Neruda de Ciempozuelos, hay que ponerlo en el contexto de una "saturación de la administración sanitaria (...), lo que ha conllevado que los centros hospitalarios y su personal difícilmente se encuentren posibilitados de prestar la asistencia sanitaria que la entidad denunciante demanda, escaseando además el material sanitario que tiene por objeto evitar el contagio de la infección".

Penalmente el callejón sin salida parece evidente, por más que políticamente el PSOE y Podemos traten de acabar con el molesto contrapoder que tienen instalado en la Puerta del Sol arrojando a la cara de la presidenta a los ancianos fallecidos. De hecho el pasado viernes el propio Sánchez se reunió con el secretario general del PSOE de Madrid y su portavoz, José Manuel Franco y Ángel Gabilondo, respectivamente, y dio instrucciones claras: hay que ir a por la presidenta madrileña con más fiereza.

Según los últimos días facilitados por la Consejería de Políticas Sociales al Gobierno, en esta pandemia han muerto en las residencias madrileñas desde el 8 de marzo 5.981 ancianos o bien diagnosticados con Covid-19 o al menos con síntomas compatibles. Ello supone el 16,4% del total de residentes.

La Comunidad de Madrid mantiene intervenidas 14 residencias y Díaz Ayuso ha sido la primera presidenta autonómica en prestarse a abrir una comisión de investigación en la Asamblea regional para que las familias conozcan la verdad.