El brutal escrito de la acusación para reabrir la causa contra Franco por el 8M

La batalla judicial contra José Manuel Franco por haber permitido las marchas del 8M aún no ha terminado. La Asociación de Consumidores y Usuarios Jose María Mena, personada como una de las acusaciones, ya ha presentado un recurso contra el archivo de la causa decretada por la jueza Carmen Rodríguez Medel, insistiendo en que prevaleció el interés partidista a la hora de permitir las manifestaciones en lugar del sanitario.

De hecho, en su escrito presentado ante la Audiencia Provincial, y desvelado por la acusación ha insistido en que ya en los días previos al 8M "había una polémica agria y pública, sobre la procedencia de celebrar o no las manifestaciones multitudinarias", por lo que es imposible que Franco no conociera el riesgo del que ahora se desentiende.

Además, añade que "el Delegado del Gobierno sí conocía que se trataba de una enfermedad contagiosa por ser viral, como cualquier gripe, y que por tanto la principal medida que debería haber tomado para evitar contagios debería haber sido suspender cualquier actividad pública que implicase masificación".

Junto a ello, ha señalado dos detalles que demuestran la negligencia de Franco al permitir la marcha: "el conocimiento de la transmisión entre la población madrileña del virus y la intencionalidad en que a pesar de ello, se celebraran manifestaciones y concentraciones, especialmente aquellas que estaba promocionando el propio Gobierno de España del que es Delegado".

De hecho, cita expresamente a la vicepresidenta Carmen Calvo, como una de las autoras de dichas promociones, ya que, "el día 6 de marzo de 2020, conforme a la página oficial del partido PSOE", instó a acudir a las marchas "porque nos va la vida en ello", cita el recurso, alegando, además que los políticos quisieron "disimular" dicho riesgo acudiendo a la manifestación.

Además, para apoyar ese argumento, asegura que de las declaraciones de Franco, "se desprende una ignorancia fingida y se evidencian indicios de actuación dolosa al abstenerse de prohibir las manifestaciones y concentraciones ante el inminente peligro de contagio que entrañaba el virus del COVID-19 antes del 9 de marzo. Decisión ésta que constituye una evidencia determinante en el devenir del incrementos de las pérdidas humanas que en la Comunidad de Madrid se han contabilizado".

Por ello, el recurso culpa al delegado del Gobierno de infringir su "deber de actuar como garante de la salud, de la integridad física y de la vida de las personas", al no evitar las manifestaciones, que a su juicio amplificaron la propagación del virus, considerando, además necesario un informe epidemiológico, que determine cuántos contagios se habrían evitado de no haberse producido la marcha.

El Gobierno de Sánchez acumula 48 causas en el Supremo por la pandemia

Así, habrá que esperar ahora a que la Audiencia Provincial tome la decisión acerca del futuro de este recurso que permita reabrir la causa contra Franco, mientras siguen acumulándose en los juzgados e incluso en el Supremo las denuncias contra Sánchez y su Gobierno por la gestión del virus y la muerte de miles de personas, aún sin cuantificar.

De hecho, a fecha de este lunes, la Sala de lo Penal del TS ya tiene sobre la mesa un total de 18 querellas y 30 denuncias presentadas por sindicatos médicos, asociaciones de consumidores, partidos políticos como Vox, o incluso familiares, que implican directamente a todos los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, y otros altos cargos de Sanidad como es el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.