La "agenda secreta" de Sánchez para recuperar la tensión y enterrar la protesta

La maquinaria del Gobierno ya está en marcha con un único objetivo, hacer olvidar cuanto antes la tragedia originada por el virus y acrecentada por la falta de diligencia de un Ejecutivo que ha reaccionado tarde y mal ante todas las alertas que avisaban del desastre que se avecinaba. Por ello, Sánchez ha recurrido a la agenda marcada antes del Covid y ya trabaja en otros asuntos que desvíen la atención: la mesa independentista, el control de los precios del alquiler; y como no, Franco, son algunos de los asuntos en los que se trabaja.

De hecho, este mismo martes y en cuando se encontraba de viaje oficial en Mauritania y en un corrillo con periodistas cuando ha anunciado su intención de reactivar la mesa bilateral entre el Gobierno y el independentismo durante el mes de julio. Todo con la vista puesta en la necesidad de encontrar los apoyos suficientes, de la mano de ERC, que permitan aprobar unos nuevos presupuestos que den vía libre a recibir los fondos europeos.

Sin embargo, no solo ha sido el único anuncio lanzado por el Ejecutivo en las últimas horas, sino que también se han empezado a dar los primeros pasos de cara a una futura regulación de los precios del alquiler, una de las medidas pactadas con Podemos al firmar el pacto de la coalición de Gobierno.

"Tenemos un compromiso de legislatura y los compromisos son para cumplirlos" ha señalado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al dar luz verde al sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, que permitirá disponer de la información necesaria para poder analizar el mercado y así poder intervenirlo.

Junto a ello, también ha anunciado el impulso a la nueva ley estatal de vivienda que permita regular aspectos como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como servicio público de interés general y el blindaje a la protección social de la vivienda.

Calvo quiere su Ley de Memoria Democrática cuanto antes

Pero el independentismo y el alquiler no han sido las únicas barajas con la que está jugando el Ejecutivo para poder desviar la atención sobre la pandemia, sino que también está la baza habitual, la de Franco.

Y es que, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pretende tener listo este mismo mes de julio el texto de la nueva Ley de Memoria Democrática que modifica y amplía la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero y que abriría la puerta a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

De hecho, la actual Fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, ya avanzó el texto en esa dirección, mientras se encargaba de gestionar la exhumación del dictador y Calvo está empeñada en que la nueva norma sea debatida en el Congreso, tras el verano.

Los principales ejes sobre los que pivotará la norma serán destinar una partida especial para exhumaciones de fosas, expropiar el Pazo de Meirás, endurecer las sanciones por apología y exaltación de la dictadura, por lo que tal y como ha señalado Calvo, se está trabajando en la creación de un banco de ADN de las víctimas y en la "resignificación del Valle de los Caídos".

La ley LGTBI y la nueva norma educativa de Celaá también están sobre la mesa

Sin embargo, estos tres últimos anuncios no son los únicos en los que el Gobierno ya está trabajando, sino que que hay más proyectos legislativos encima de la mesa que se reactivarán cuanto antes para dejar atrás la pandemia.

Con la celebración del día del Orgullo Gay ha vuelto a acrecentarse la división existente en el seno del Gobierno en torno a la Ley LGTBI impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que cuenta con el respaldo del grupo más radical del Ministerio, encabezado por la directora del Intituto de la Mujer, la activista Beatriz Gimeno y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, pero que ha encontrado reticencias en las filas socialistas en cuanto a la postura respecto a los transexuales.

De hecho, desde el PSOE se ha lanzado un argumentario que cuestiona que "los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona", sobre si se siente hombre o mujer, tengan "automáticamente efectos jurídicos plenos", algo que sí que está apoyado en el seno de Podemos.

Y junto a ello, asoma la nueva ley de Educación de Isabel Celaá, una norma cuestionada por sus límites a la concertada y que cuenta con el rechazo frontal de la oposición, pero que será una de las bazas a jugar por el Gobierno de Sánchez para centrar el debate en asuntos ideológicos y no en la pandemia.