Sánchez solemniza su hachazo fiscal para pagar la agenda del pacto con Iglesias
Habrá sablazo impositivo generalizado. Pero en cambio no se plantean ni reformas estratégicas de calado, ni austeridad en el sector público. Eso sí, mucho más "gasto social".
Sánchez medita un rejonazo impositivo general disfrazado en una "reforma fiscal".
"Vamos a hacer una reforma fiscal". Pedro Sánchez ha dejado este jueves de jugar al gato y al ratón para confirmar lo que era un secreto a voces: que el Gobierno prepara una subida generalizada de impuestos para compensar la caída de ingresos que va a provocar la crisis del Covid, y la multimillonaria factura del dinero público destinado a calmar las primeras consecuencias del cerrojazo a la economía durante el estado de alarma.
De lo poco que ha aclarado el presidente en su entrevista en La Sexta cabe reseñar que el rejonazo fiscal que prepara la ministra de Hacienda va a afectar a los bolsillos de todos los españoles. Es decir, que habrá incremento del IRPF y se maneja el del tramo reducido del IVA.
También ha anunciado Sánchez el incremento de los impuestos de Patrimonio y Sociedades, este último clave para el balance de las empresas. De hecho, lo único que ha descartado el inquilino de La Moncloa es precisamente el impuesto a las grandes fortunas que defiende Pablo Iglesias. "Un fetiche", lo ha descalificado.
Y tampoco parece dispuesto a seguir los consejos de la mayoría de los analistas, que exigen un gran ajuste en el sector público, la disminución integral del gigantesco entramado de empresas públicas o una posible congelación de los salarios de los funcionarios. Nada ha dicho tampoco, ni se contempla en La Moncloa, de una reducción significativa del gobierno más amplio de las últimas cuatro décadas, ni de una reducción miles de altos cargos designados a dedo por PSOE y Podemos.
Queda por ver si estas próximas semanas, en el borrador de Presupuestos -el balance de ingresos y gastos, en definitiva- se imponen las tesis más ortodoxas que representa la vicepresidenta, Nadia Calviño; o las posiciones más extremistas que representa el gurú económico que asesoró en su día a Sánchez, Manuel Escudero. Responsable de Economía de la Ejecutiva Federal y premiado con la embajada en la OCDE.
Pero son muchos los expertos, sobre todos los ligados a los institutos de estudios de la CEOE y las principales entidades financieras, los que han visto un mal precedente en el documento de conclusiones que el PSOE va a sacar adelante este mismo viernes en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Ni rastro de las reformas estructurales que exigen el Banco de España, los empresarios y Bruselas. Y mucho "gasto social" con medidas inspiradas en el pacto de investidura firmado por Sánchez e Iglesias.
Encabezamiento del documento que el Congreso va a votar este viernes.
Así, el Gobierno progresista lanza una especie de reedición del Plan E de Zapatero -en este caso no en el ámbito de las infraestructuras- con notable carga ideológica como ha reconocido Sánchez ante Ferreras. "Tendremos que aumentar las capacidades de ingresos del Estado, también el IRPF. Necesitamos justicia fiscal y será bien entendido porque la sociedad española quiere que se fortalezca la sanidad, la educación o la dependencia", ha subrayado.
Entre las medidas que van a ver la luz en el Congreso hay algunas con poca etiqueta de estratégicas. "Promover acciones específicas para trabajadoras del hogar, mujeres del medio rural y otros colectivos altamente feminizados y precarizados", incluye el documento. También "impulsar una nueva política de migración y asilo eficaz y avanzar en la transversalidad de políticas de igualdad de género e igualdad salarial efectiva".
"Estudiar la posibilidad de extender las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda", es otra de las medidas impuestas por Podemos y cuyo alcance iba a derogarse el 20 de julio. Pero Iglesias quiere financiar para más largo tiempo su llamado "escudo social".
El Gobierno prioriza destinar fondos también para "impulsar una Ley de Diversidad Familiar", para restar recursos a la educación concertada en pro de "fortalecer la educación pública y mejorar los derechos laborales de sus profesionales"; "luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión", y "poner en marcha un Plan de recuperación verde".
Sin embargo, el documento marco para la reconstrucción que deberá financiar la "reforma fiscal" anunciada por Sánchez no incluye ninguna de las propuestas-base que la CEOE lanzó en su reciente cumbre sobre la crisis del Covid.
No se ha hablado en la Comisión de Reconstrucción de la "seguridad jurídica" que exigen la Patronal. "Esa confianza es clave para generar credibilidad y atraer y retener inversiones", decían los empresarios. Pero cabe recordar que este mismo miércoles el PSOE votó la propuesta de Bildu para derogar la reforma laboral. Aunque reculó después.
También exigía la CEOE "colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras". Pero la enseñanza concertada y la sanidad privada salen muy mal paradas del plan fiscal e inversor que ha avanzado Sánchez. Ni una palabra en su apoyo.
Ya lo advertía el documento de la CEOE en su punto 9: "Hay que promover el crecimiento económico y evitar, sobre todo, subidas impositivas en momentos de crisis económica. Otros países europeos están aplicando rebajas de impuestos para salir de la crisis". Justo lo contrario de lo que el presidente ha anunciado este jueves.