Sánchez va de farol: para tocar al Rey primero tendría que convocar elecciones

De pronto, Juan Carlos I ha pasado a ser poco menos que tóxico no solo para su hijo y heredero, sino también para Pedro Sánchez.

En las últimas horas el presidente del Gobierno ha dado la espalda como nunca antes al Rey emérito, sin sutileza alguna, a medida que sus posibilidades de ser llamado a declarar en Suiza aumentan. De "inquietantes" y "perturbadoras" tildó el miércoles Sánchez las noticias que llegan.

Al calor del creciente malestar de la calle con el monarca campechano, el líder del Ejecutivo se ha autoproclamado el enemigo público número uno de Don Juan Carlos al proponer que la Constitución sea modificada para rebajar el aforamiento del emérito.

Sin embargo, no es más que una -otra- operación de marketing salida de los despachos de La Moncloa y oportunamente vendida en una entrevista. Juristas consultados por ESdiario recuerdan que cualquier cambio en la Carta Magna que afecte al Título II, el de la Corona, lleva aparejada necesariamente la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum.

Dicho de otra manera: si Sánchez quisiera reformar el Título II, aun contando con una mayoría de dos tercios con la que hoy no cuenta (el PP no accedería jamás), tendría que convocar elecciones y arriesgarse por tanto a perder la batuta de presidente.

El procedimiento de esa mayoría agravada está recogido en el artículo 168 de la Constitución. Primero, aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado. Segundo, disolución "inmediata" de las Cortes. Tercero, "las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional". Cuarto, ese nuevo texto deberá ser aprobado también por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Y quinto y último, deberá darse la palabra a los ciudadanos en un referéndum.

Nada de ello está en la mente del presidente. Yendo a los hechos, en septiembre de 2018, ya siendo presidente aunque de un Gobierno únicamente socialista (diferencia importante), Ciudadanos llevó a votación en el Congreso una moción para reformar la Constitución y eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno (bastaría el procedimiento ordinario, mayoría de tres quintos).

Sánchez recogió el guante, accedió siempre y cuando mantuvieran el fuero en el ejercicio de su cargo. No así en su esfera privada. Es más: subió la apuesta y se comprometió a que la reforma estuviera lista en tres meses: en un mes se elaborarían los preceptivos informes del CGPJ y del Consejo de Estado y en los dos meses siguientes pasaría el trámite parlamentario.

Cabe decir en este punto que, casi dos años después, aquello ha quedado en otro castillo en el aire del presidente. En cualquier caso, por aquel entonces el PNV quiso introducir una enmienda a la moción de Cs para, de paso, suprimir la inviolabilidad del Rey "en su actividad no institucional" y eliminar el aforamiento de los cinco miembros de la Casa Real que gozan de él: Don Juan Carlos, Doña Sofía, los Reyes y la Princesa de Asturias.

Tres generaciones juntas, en una fotografía de archivo.

Sin embargo, Sánchez y el PSOE se cerraron en banda a revisar la inviolabilidad del jefe de Estado y el aforamiento de su familia directa. De hecho, la portavoz socialista en la Cámara recordó el complicadísimo procedimiento que ello implicaría.

El caso, salvando las distancias, recuerda al reciente compromiso por escrito que alcanzó el PSOE con Unidas Podemos y Bildu para una derogación íntegra de la reforma laboral, para más inri de forma exprés. Sánchez sabía que obviamente eso era imposible, puesto que para derogar una ley hay que redactar una nueva o, en caso contrario, volver a la legislación previa (lo que habría dejado sin cimiento legal a los ERTEs). Pero aun así dio hilo a la cometa. Como esta vez.

En el acuerdo de gobierno que él y Pablo Iglesias suscribieron a finales de 2019 no se mencionan los privilegios del Rey ni de pasada. Simplemente el PSOE y Unidas Podemos se comprometen a reformar la Constitución para "limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público".

Es más. En los parlamentos autonómicos de Castilla y León y Andalucía, donde el PP y Cs han promovido en los últimos meses la supresión de los aforamientos para los miembros de los gobiernos regionales y sus diputados, el PSOE se ha abstenido. No ha votado a favor.

Con todo, el PP y Vox acusaron este jueves a Sánchez de hacer "electoralismo" -en palabras de Pablo Casado- y de tender una "cortina de humo" -en las de Santiago Abascal- con la figura del jefe del Estado.