La letra pequeña de Bruselas arruina el acuerdo que firmaron Sánchez e Iglesias

La delegación española se dio cuenta rápidamente el pasado viernes, al llegar a Bruselas, que el grupo de países del Norte liderados por el primer ministro de Países Bajos no iba a ceder en esta ocasión. Se lo había dicho con claridad el propio Mark Rutte a Pedro Sánchez en su minicumbre de la víspera en La Haya: "Tenemos que llegar a un acuerdo para que la próxima vez sean ustedes capaces de salir adelante por sí solos", le vino a decir el holandés al inquilino de La Moncloa.

Dicho y hecho. El acuerdo final alcanzado por los líderes europeos esta madrugada no rebaja sustancialmente las transferencias a fondo perdido para España pero pone deberes "estructurales" a cambio de un cheque que ronda los 140.000 millones de euros, de ellos 72.000 sin condicionalidad alguna. Pero, ¿Y el resto? ¿Esos 68.000 millones en créditos puros y duros?

La letra pequeña de Bruselas va a obligar a Sánchez a hacer justo lo que no quería: enterrar algunas de sus propuestas electorales y afrontar exigencias de la CEOE y de la propia Europa que rechazaba. Pero, lo más importante, el documento hace saltar por los aires otro papel que no era cosa menor. El acuerdo de gobernabilidad que Sánchez y Pablo Iglesias firmaron solemnemente en el Congreso el 12 de noviembre de 2019. Hoy ya, papel mojado.

Documento con el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos firmado por Sánchez e Iglesias el 12 de noviembre.

El mantenimiento de la reforma laboral, cambios en el sistema de pensiones, flexibilización del despido, simplificación de los modelos de contratos, son algunas de las exigencias de los frugales, que casan mal con el apartado económico del pacto entre PSOE y Podemos. Y que tumba la mayor aportación de los morados a la que iba a ser la hoja de ruta de la legislatura.

Caerá en primer lugar el polémico punto 1.3. "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012", se comprometían socialistas y morados. También es de dudoso cumplimiento este otro epígrafe del mismo punto: "Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa".

Sánchez e Iglesias firmaron su acuerdo de coalición el 12 de noviembre del año pasado.

Tampoco parece destinado a correr mejor suerte el punto 1.5 del acuerdo que se compromete a "revisar las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción". Más aún cuando un sector de los frugales tiene en su legislación, en la práctica, el despido libre.

También salta por los aires el amplio paquete de medidas que Sánchez e Iglesias habían previsto para los funcionarios. Bruselas hace especial hincapié en el adelgazamiento del sector público. Y en su acuerdo de coalición (1.16), PSOE y Podemos se comprometen a "mejorar el acceso al empleo público", "revisar el contrato de interinidad en las Administraciones Públicas" o "implementar la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar la discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres".

Y por último, la patata caliente de las pensiones. Este ha sido uno de los asuntos centrales de la agenda del holandés Rutte y de Austria, Suecia y Finlandia. Lo fue también de Alemania durante la crisis griega.

En su acuerdo de Gobierno, Sánchez e Iglesias proponen incrementar las cuantías. "En el marco de esta reforma, eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo", dice el punto 2.4, para ligar el incremento anual de las pensiones al IPC.

Lo más curioso es que Sánchez e Iglesias ya parecían adivinar el 12 de noviembre que su acuerdo "expansivo" en el gasto público y las medidas populistas de Podemos iban a provocar recelos y algo más entre los socios.

Y por eso incluyeron justo al final del texto este revelador epígrafe 11.9: "Estudiaremos la eliminación de la exigencia de unanimidad para la toma de determinadas decisiones en la UE de forma que resulten viables muchas de las anteriores propuestas y la conveniencia, en algunos casos, de avanzar a diferentes velocidades en el proceso de integración europea".

Desde esta madrugada ya saben el presidente y el vicepresidente que su acuerdo solemne quedará encerrado en un cajón de La Moncloa. Por que Mark Rutte ha impuesto además su freno de emergencia: si no hay reformas y un escrupuloso destino para cada euro, no habrá dinero.