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Clamor por la tibieza de Sánchez ante el acoso de sus ministros morados al Rey

Irene Montero insiste en la estrategia de Podemos de calificar la salida de don Juan Carlos como una "huida indigna", mientras el ala del PSOE del Gobierno continúa callada.

Pedro Sánchez junto a Felipe VI

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Desde el ala podemita del Gobierno que preside Pedro Sánchez continúan las críticas a la Corona aprovechando la salida de España del Rey Emérito,Juan Carlos I. Este martes, la encargada de continuar con esta estrategia de acoso y derribo contra la Jefatura del Estado ha correspondido a la ministra de Igualdad.

Así, la también número dos de los morados, Irene Montero, ha acusado al Rey Emérito de haber efectuado una "huida" para escapar de la Justicia, lo cual considera una "actitud indigna" viniendo de un jefe del Estado.

Montero está convencida de que este movimiento en la Casa Real "afecta" a la institución de la Jefatura del Estado y la deja en una situación "comprometida" y ha animado al monarca a rendir cuentas ante los españoles: "Creo que lo lógico y razonable y lo que se espera en el siglo XXI es que cualquier persona que haya cometido actos de corrupción cumpla ante su país y ante la Justicia".

Además, Montero se ha erigido en portavoz de la opinión de todos los españoles al asegurar que en el país hay una "sensación ampliamente extendida" de que la Justicia "no es igual para todos" y ha llamado a acometer cambios profundos que permitan combatir la corrupción y que las instituciones sean "ejemplares y limpias".

A la campaña contra Juan Carlos I y contra la monarquía de los ministros podemitas se ha sumado, además, en las últimas horas, el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, que ha mostrado el mismo celo en investigar presuntas "corruptelas" en el caso de don Juan Carlos y su "familia" que en atacar a la Justicia y a periodistas por investigar el escandaloso caso Dina en el que está cada vez más acorralado su jefe de filas, Pablo Iglesias, como le han recordado en Twitter.

El PP exige a Sánchez que desautorice a Iglesias

Los ataques de Podemos de los miembros morados del Gobierno han sido censurados duramente por parte del Partido Popular y Ciudadanos, que han arremetido contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y contra la propia Montero.

Así, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado a Sánchez a "poner orden en su gabinete" y a "desautorizar" los ataques de los ministros de Podemos a la Jefatura del Estado.

Así, Montesinos ha recordado que Iglesias "es vicepresidente del Gobierno porque Sánchez así lo ha querido” y ha criticado que ayer Moncloa trasladó “mensajes contradictorios” ya que dijo “una cosa en un comunicado e Iglesias otra distinta en las redes sociales”.

Ante los ataques a la Corona que llegan desde el Ejecutivo, el dirigente popular ha reivindicado la figura don Juan Carlos y su contribución en una “Transición ejemplar en la que todos supieron dejar de lado sus diferencias para que hoy gocemos de más libertad y más derechos”.

Ciudadanos: "Son ataques inadmisibles"

Por su parte, el portavoz adjunto en el Congreso de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado de "inadmisibles" los ataques del ala morada del Gobierno a la Corona. En este sentido, Bal ha acusado a Pablo Iglesias y a Irene Montero de "aprovecharse" de la situación del rey emérito Juan Carlos para "tratar de confundir" las acciones de una persona concreta con las de la institución monárquica.

Según el dirigente naranja, estas palabras las puede realizar "cualquier ciudadano" dentro de su libertad de expresión, pero cree que es "inadmisible" que las hayan hecho miembros del Gobierno "que han prometido acatar la Constitución con el Rey Felipe VI delante".

Con todo, ha confiado en que el monarca Juan Carlos esté a disposición de la Justicia a pesar de encontrarse fuera del territorio español. "Me resultaría inconcebible un escenario en el que fuera llamado por la Justicia y se negara a comparecer e incluso si le requieren documentación", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el monarca no está formalmente investigado y por tanto "tiene plenitud de sus derechos" a la hora de no haberse adoptado medidas cautelares como la retirada del pasaporte que le habría impedido desplazarse fuera del territorio español.

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