La maniobra del PP para acabar con los desmanes de Delgado en la Fiscalía

El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, después de ser ministra de Justicia provocó un terremoto indescriptible. Su llegada al cargo sirvió para recordar las palabras de Sánchez explicando de quién depende el Ministerio Público, borrando de un solo plumazo la independencia que se le presupone a la Justicia. Por ello, ahora el PP ha maniobrado para acabar con el control de Sánchez de la Fiscalía.

Así, la formación que dirige Pablo Casado ha solicitado al Tribunal Supremo, en un escrito presentado el mes de julio, que anule el nombramiento de Delgado al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público debido a la "inequívoca vinculación" con el Gobierno.

De hecho, para el PP el nombramiento "rememora" la Ley Orgánica del Estado de 1967 del régimen franquista que otorgaba al fiscal general del Estado la función de "mero órgano de comunicación entre el Gobierno y la Administración de Justicia", ya que Sánchez "ha renunciado a garantizar la independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal" con el fin de "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como la Ley Orgánica del Estado, sin ocultamientos".

Por otro lado, la petición al Supremo también pone de relieve que Delgado tampoco cumple el requisito de jurista de "reconocido prestigio", uno de los "elementos reglados específicos" para ser fiscal general del Estado. Según explica, Delgado "es jurista con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal", si bien "su prestigio como jurista es ignoto".

De hecho, afirman que su currículum es "ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación más allá de exponer el cumplimiento efectivo", por lo que insta a los magistrados del Supremo a revisar este expediente para poner fin a su papel como máxima representante del Ministerio Público.