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Otra sonada entrada en la cárcel por corrupción del PSOE avergüenza a Susana

El exvicepresidente socialista de la Diputación de Almería ha pasado su primera noche en prisión por el desfalco de más de 700.000 euros de las arcas de la institución.

Susana Díaz, en una comparecencia reciente.

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J.R.V

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"A los socialistas andaluces nos preocupan las necesidades de nuestra tierra. Como que tengamos educación y sanidad públicas y de calidad. Que nuestros mayores estén bien. Y que la economía crezca con un horizonte de seguridad y empleo", enfatizó este mismo miércoles la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, en una entrevista radiofónica en el arranque del curso político en aquella comunidad.

Pero horas después, los hechos -los fantasmas del pasado del larguísimo régimen socialista en Andalucía- le han dejado en muy mal lugar. Uno de los altos cargos del partido, exvicepresidente de la Diputación de Almería, acaba de entrar en la cárcel por malversar más de 700.000 euros en las arcas públicas. El último caso, llamado gráficamente caso facturas, que abochorna a la antigua lideresa.

El exvicepresidente de la Diputación Provincial Luis Pérez Montoya ha pasado su primera jornada en el centro penitenciario provincial de El Acebuche, en Almería, para cumplir la pena de siete años y diez meses de cárcel a la que fue condenado por el desfalco a las arcas públicas de la institución que dirigió.

La Audiencia Provincial impuso como fecha tope para el ingreso voluntario el 2 de septiembre. La sentencia de este órgano judicial ha dado por probado que bajo la gestión de Pérez Montoya entre 2009 y 2011, se sustrajeron más de 706.000 euros de dinero público de la institución.

El que fuera vicepresidente de la Diputación socialista ha sido alojado en el módulo habilitado en el recinto para los internos que deben guardar cuarentena y, tras pasar 14 días y someterse a la prueba para descartar el covid-19, será trasladado al módulo que le sea asignado en el interior del centro.

El socialista Luis Pérez Montoya, exvicepresidente de la Diputación de Almería, (con el polo azul) en una de sus visitas a los juzgados.

Fuentes del caso han precisado, asimismo, que un segundo alto cargo socialista, la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo, María Teresa González, decidió adelantar al pasado mes de junio su ingreso en prisión para cumplir penas que suman también siete años y diez meses de prisión.

Pérez Montoya y González acordaron el plan para destinar los fondos públicos del patronato "a fines ajenos de los que le eran propios", y "se concertaron" con empresarios "que contrataban con el ente" para elaborar facturas "fraudulentas".

Además, en la ejecución de la sentencia, la Audiencia Provincial ha requerido Luis Pérez y a Teresa González para que ambos se abstengan de ejercer empleos o cargos públicos, "aunque sean electos", al estar condenados a 19 años y medio de inhabilitación especial.

Según los hechos probados, el dinero defraudado se destinó a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, y a fines desconocidos ajenos al destino publico a que estaban destinados.

Para la ejecución del plan, Pérez y González "se concertaron" con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios y con los que elaboraban facturas "por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban" haciendo constar en "el concepto que aquéllos les indicaban, generalmente haciendo referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo".

El exvicepresidente dictó resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria delegada, acordando la contratación de bienes o servicios "con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato y dictó resoluciones, también previo informe de la González Rivera, acordando el pago de facturas que sabían que no correspondían a una prestación real al Patronato.

La ex secretaria delegada "participó en la sustracción" de "toda" la cantidad y el exvicepresidente de la Diputación lo hizo en 640.000 euros, lo que representa "una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato para sus fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a ese servicio público", según sentenció el tribunal.

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