El juez desmonta los trucos de Pablo Iglesias para sobrevivir al "caso Dina"

Hace unos días, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, inició una nueva ofensiva para recuperar la condición de perjudicado en el caso Dina. Un asunto que está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que lleva meses indagando sobre el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham.

La nueva treta del líder de Podemos ha consistido en presentar a través de su abogado, un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En dicho escrito se intenta desacreditar la sospecha que tiene García-Castellón de que el número tres del Gobierno de Pedro Sánchez custodió la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham desde el 20 de enero de 2016 y que ocultó este extremo a Bousselham durante meses, por lo que el hecho de no devolvérsela tuvo consecuencias "en el esclarecimiento de los hechos investigados".

Para conseguir que su jefe de filas recupere la condición de víctima, Podemos recurre así a la testifical del responsable de la empresa Recuperación Express, Arron James Evans, que, a su juicio deja patente que cuando recibieron la tarjeta en 2017 para recuperar sus datos, ésta "no presentaba daños".

Y también añaden el informe policial del 12 de agosto en el que se apunta que esa tarjeta tenía desperfectos en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora, y que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento.

Las consideraciones del juez más allá de estos informes

Sin embargo, esta estrategia de la defensa de Iglesias se tambalea, pues tanto la testifical como el informe policial podrían no ser suficientes para lograr que el líder de Podemos sea de nuevo considerado perjudicado en el caso.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, apuntan a que García-Castellón entiende que el informe policial y la testifical de la empresa de Gales no tendrían la entidad necesaria como para que el líder morado recupere su personación como víctima.

Más allá de esos dos documentos, el juez argumentó en junio esa expulsión de Iglesias de la causa señalando que a medida que evolucionaba la instrucción y con la aportación de datos nuevos, el escenario había cambiado.

García-Castellón entendía que, al no devolverle a su propietaria la tarjeta de memoria del teléfono sustraído durante un periodo de tiempo indeterminado, esto tuvo consecuencias "en el esclarecimiento de los hechos investigados".

Además, resaltaba que la información sustraída no se ha encontrado en dispositivos en poder del comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, anteriores al 14 de abril de 2016.

En todo caso, el asunto está ahora en manos de la Sala de lo Penal, que podría ordenar al instructor devolver la condición de perjudicado al vicepresidente segundo.