Los jueces progresistas intentan vetar una denuncia a Batet pero fracasan
El hombre del PSOE en el Constitucional, Cándido Conde-Pumpido intenta parar la investigación sobre las fórmulas de los socios de Sánchez para prometer sus escaños y sale escaldado.
El magistrado del TC, Cándido Conde-Pumpido, en la toma de posesión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Desde su regreso de las vacaciones, la estrategia de Pedro Sánchez pasa por presentar a Pablo Casado como un "desleal" a la Constitución por su negativa a renovar el Poder Judicial -en concreto el CGPJ y el Tribunal Constitucional- ante los ataques de Podemos a los jueces y magistrados, y a la intención del PSOE de facilitar que dos vocales elegidos por Pablo Iglesias accedan al órgano de gobierno de la Judicatura.
El PP se ampara en la larga tradición de los socialistas de colocar a sus afines en puestos claves de los tribunales y del Consejo. El mejor ejemplo de esta tradición es la figura de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, eterno candidato a ocupar la cartera de ministro de Justicia con los gobiernos del PSOE, exmiembro del Tribunal Supremo y ahora magistrado del Constitucional a propuesta de los socialistas.
Pumpido y los magistrados progresistas del TC han vuelto a protagonizar este miércoles una polémica al desmarcarse de sus compañeros e intentan vetar la investigación que PP y Cs pidieron en su día sobre la permisividad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con las fórmulas de asunción de sus escaños de los principales socios parlamentarios de Pedro Sánchez, entre ellos Podemos, ERC, Junts o Bildu.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite con una mayoría de ocho votos y la postura en contra de cuatro magistrados del sector progresista los recursos presentados por el PP y Ciudadanos contra el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputado relativo a las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados durante la sesión constitutiva del Congreso en la anterior legislatura, el 21 de mayo de 2019.
Los magistrados discrepantes, que optaban por una inadmisión de plano de este asunto, han sido los magistrados María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés, han señalado fuentes del tribunal.
Sin embargo, la mayoría de magistrados aprecia que en los recursos concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales, lo que implicará la necesidad de aclarar la doctrina ya existente en este órgano.
Junqueras, en el Pleno en el que prometió su escaño en el Congreso antes de ser inhabilitado.
El asunto, que pese a centrarse en la mera tramitación o no del asunto ha motivado una fuerte división de este órgano, iba a ser resuelto en principio por la Sala Primera del tribunal, aunque finalmente fue a Pleno por decisión de un grupo de magistrados del sector conservador del TC.
La discusión sobre si son legales los acatamientos poco ortodoxos formulados por algunos parlamentarios a la hora de asumir su escaño, que ha llegado ahora al TC no es nueva para este órgano, que en octubre de 2017 rechazó un recurso presentado por el PP contra la negativa de varios parlamentarios vascos a jurar la Constitución.
En dicha ocasión dictaminó que "no cualquier acto parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officum" parlamentario resulta lesivo del derecho fundamental" que se invocaba, por lo que inadmitió el recurso del PP.
Los añadidos a la fórmula original volvieron a repetirse en los plenos constitutivos del periodo parlamentario vigente, aunque en esta última ocasión fue Vox la que presentó recurso contra las fórmulas empleadas contra un total 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, CUP e incluso Unidas Podemos. Por el momento ese recurso de Vox no ha sido aún estudiado por el TC.
La XIII legislatura, que apenas duró cinco meses, ya tuvo un bronco arranque puesto que diversos diputados acataron la Carta Magna añadiendo a los habituales "sí juro" o "sí prometo" distintas coletillas.
Por la democracia y los derechos sociales, apuntaron algunos diputados de Podemos; por imperativo legal pronunciaron los diputados del PNV, los de Bildu, Esquerra Republicana o Junts.
En la sesión constitutiva del 21 de mayo de 2019, Oriol Junqueras y los otros tres presos del procés de Junts que obtuvieron un escaño, prometieron la Constitución por imperativo legal y lo hicieron, además, "con lealtad" al mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Tanto el PP como Ciudadanos pidieron entonces a la Mesa de la Cámara que revisase una a una todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución para certificar que se cumplió el trámite adecuadamente. Pero el órgano rector de la Cámara, con mayoría del PSOE y Podemos, se reafirmó en la posición de Batet de darlas por válidas. Algo similar ocurrió en el Pleno constitutivo del Senado. Ahora el TC investigará si esas fórmulas se atienen a la legalidad vigente.
