Otro escándalo del PSOE andaluz salpica de lleno al entorno de Felipe González
La concesión irregular de casi 38 millones de euros durante la presidencia de Griñán llevará a los banquillos a una veintena de altos cargos socialistas, incluído el sobrino del expresidente
38 millones de euros en avales y préstamos irregulares a la empresa malagueña Isofoton llevarán de nuevo a los juzgados a una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentran los exconsejeros socialistas Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler.
Los hechos se produjeron entre 2010 y 2012, durante el Gobierno socialista de José Antonio Griñán, con Susana Díaz ya en primera línea, y fueron denunciados por el comité de empresa de la compañía. Ahora en octubre arrancará el juicio que sentará en el banquillo, además, al sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, como uno de los implicados en la trama.
De hecho, según ha informado El Español, ha sido el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla el que ha citado, entre los meses de octubre y noviembre, a los exdirigentes andaluces, algunos de los cuales ya han sido condenados por el caso de los ERE, como el propio Griñán.
Además, en el caso de Juan María Mejías tampoco es la primera causa que mantiene abierta en los juzgados, sino que también está implicado en el caso de corrupción de la empresa Invercaria, tras haber ejercido como director de promoción entre 2005 y 2010.
Pero en este último caso, que vuelve a poner en el punto de mira la corrupción del PSOE en Andalucía, se investigan las ayudas a la empresa malagueña que recibió sin control alguno 38 millones de euros a través de la Agencia IDEA y su filial Sorprea, ambas pertenecientes a la Junta, según un informe de la Policía Nacional.
Así, los altos cargos están investigados por de haber cometido presuntamente los delitos de malversación caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, una vez que concedieron ayudas a una empresa que, según la investigación, ya se consideraba en una situación "absolutamente precaria incurriendo prácticamente en causa de disolución", y que posteriormente tuvo que cerrar.
Pero a pesar de la situación de bancarrota de la entidad fue beneficiaria de "cuantiosas ayudas con cargo al erario público", mientras que era vendida al grupo Affirma que adquiere el 80% y a la sociedad TOP TEC que adquiere el 20% por un precio simbólico de un euro.
Es más, tras el citado relevo societario, "Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego S.S.", investigados, y que tendrán que declarar el próximo 15 de octubre.
En total y según la jueza, la empresa Isofoton y aquellas de sociedades de las que era accionista recibieron entre 2005 y 2012 más de 80 millones de euros procedentes del erario público, a través de los citados avales, que presentaban "graves irregularidades", ya que las garantías de devolución eran "muy deficientes".
Dinero dilapidado
De hecho, el escrito señala que cuando se concedieron estas ayudas, la agencia pública andaluza ya "debía conocer la deficitaria e irregular" situación financiera de la compañía gracias a un informe fechado en 2009, un hecho que sustenta la imputación de los exaltos cargos.
Pero al margen de los avales, también la entidad pública Sorprea concedió un préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa en 2012, cuando ya había incumplido las condiciones de los avales. Un sinfín de irregularidades que pone de nuevo de manifiesto la corrupción del PSOE en la Junta de Andalucía, que repartió el dinero de todos los andaluces sin ningún tipo de pudor.