Sánchez "resucita" a Franco por enésima vez con otra ley para agitar la memoria
El Gobierno pondrá en marcha la tramitación de la llamada Ley de Memoria Democrática esta próxima semana. Volver a los fantasmas del pasado para olvidar la tragedia presente.
El Ejecutivo de Sánchez vuelve a sacar el 'comodín' de Franco para seguir con su hoja de ruta, una vez que ha dejado solas a las autonomías a la hora de gestionar los estragos de la pandemia. Tal y como ya anunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al presentar el plan normativo que prevé el Ejecutivo, la primera de la lista es la tramitación de la llamada Ley de Memoria Democrática, que pretende reformar la Ley de Memoria Histórica que Zapatero aprobó en 2007.
En ella se pretende dar un impulso a las exhumaciones, así como dar un nuevo "significado" al Valle de los Caídos, una vez que Sánchez ya consiguió sacar de allí al dictador Francisco Franco, en medio de todo un espectáculo retransmitido por TVE.
Por ello, según la norma, el recinto se configurará como un lugar de "memoria de las víctimas de la Guerra Civil", dando información sobre su construcción y significado, ahondando así en el "conocimiento del periodo histórico en el que se inserta" y teniendo como objetivo la "dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentren allí inhumados". Además, el Gobierno prohibirá que en el recinto se lleven a cabo "actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".
Otro de los puntos más controvertidos de la norma es que abre la puerta a ilegalizar entidades que "públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo", entre las que el propio Gobierno ha incluido a la Fundación Francisco Franco.
Junto a ello, también establece un duro régimen sancionador para aquellos que lleven a cabo "la destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Histórica", o para aquellas administraciones que no impidan la "realización, en espacios abiertos al público, de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración" del franquismo, así como las que mantengan "simbología de exaltación de la dictadura".
Además, tal y como recoge el borrador de la norma, se procedera a la retirada de "recompensas", condecoraciones policiales y las incluidas en la normativa de 1976 sobre la creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, entre las que se encuentra la concedida a Antonio Fernández Pacheco, ‘Billy el Niño’. La revocación de dichas condecoraciones conllevará la "pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos", aunque no tendrá efecto retroactivo.
Declarará nulos los tribunales y las condecoraciones anteriores a la Constitución
Tammbién la nueva norma declarará la nulidad de "los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal".
De esta manera, se declara ilegítimo el "Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa", por lo que se eliminarán todas las sanciones y condenas impuestos por ellos.
Además, se creará un banco de ADN con el objetivo de localizar a los desaparecidod y se declarará el día 31 de octubre de cada año como "día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura", coincidiendo con el aniversario del 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada la Constitución.