Las nuevas leyes frentistas de Sánchez: LGTBI, feminismo y desclasificar el 23-F

El de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es un "Gobierno de coalición progresista" que nació con una apretada agenda ideológica. Mucho más que la de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero la pandemia obligó al presidente y a su socio a guardar en el cajón durante unos meses su lista de prioridades. Y ahora la ha recuperado en plena segunda ola de la Covid-19, aunque hasta el ministro alemán de Sanidad parezca estar más preocupado que el socialista. "La situación en España me preocupa", señaló Jens Spahn este martes.

Quiso la casualidad que la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática -una continuación de la que aprobó Zapatero en 2007- coincidiera con otra fecha macabra. España superó este martes la barrera de los 30.000 muertos oficiales (reales son ya más de 50.000), y la OMS ya advirtió un día antes que octubre y noviembre serán meses con más fallecidos.

Aun con todo, Sánchez ha decidido meter una sexta marcha a sus leyes más de izquierdas para no perder el favor de su electorado. Con la complicidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y de la mayoría que el PSOE y Unidas Podemos suman en la Mesa de la Cámara Baja, la que decide qué asuntos tienen prioridad y cuáles no.

El jueves pasado siguió adelante el proyecto de ley de eutanasia impulsado por el Ejecutivo, después de que el Pleno del Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad de su articulado presentadas por el PP y Vox.

Así pues, la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, que es como prefiere llamarla eufemísticamente la izquierda, sigue su tramitación parlamentaria hasta que desemboque próximamente en el BOE.

Pero hay más. El Gobierno se ha marcado como objetivo para los primeros meses este curso político impulsar otras cinco leyes o reformas de leyes de alto voltaje ideológico, como así queda recogido en el Plan Anual Normativo 2020 que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada (con retraso por la pandemia).

En primer lugar, el Ejecutivo pretende aprobar de una vez por todas la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la llamada ley del solo sí es sí, que en el primer trimestre del año provocó muchas tensiones entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el de Justicia, por su cuestionada calidad jurídica.

La ministra de Igualdad quiere encauzar dos leyes orgánicas antes de que acabe el año.

En marzo, coincidiendo con el 8-M, se aprobó un anteproyecto que el mes pasado en Ejecutivo decidió devolver a Igualdad para su mejora, incluso después de haber pedido a los órganos consultivos preceptivos que emitieran sus informes.

También está en la agenda para lo que queda de 2020 la llamada Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Como la anterior, llevará el sello del Ministerio de Igualdad, cuya titular explicó hace unos meses que la norma pretende ampliar derechos al colectivo y "luchar contra el estigma, la discriminación y las violencias que históricamente ha sufrido".

En los planes más inmediatos de Sánchez e Iglesias también figura una nueva Ley de secretos oficiales -la vigente es de 1968, reformada en 1978- que permita desclasificar los archivos secretos de la dictadura, la transición, el golpe de Estado del 23-F, los GAL... Precisamente en un momento en que Unidas Podemos y los independentistas han puesto en su punto de mira el régimen del 78 y el sistema de Monarquía parlamentaria aprobado en la Constitución.

Ésta es una vieja petición del PNV, que en junio consiguió los votos suficientes para sacar adelante en la Cámara Baja una proposición de ley en este sentido. La impulsará el Ministerio de Defensa de Margarita Robles.

Y está por ver por dónde va la reforma que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska pretende para este curso de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Como también la reforma del Código Penal comprometida por el Ministerio de Justicia y referente al delito de sedición, que coincidirá con la negociación de los Presupuestos con ERC y Junts per Catalunya.