Las pruebas de la negligencia de Sánchez que Dolores Delgado ha silenciado

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha logrado el objetivo para el que probablemente fue designada por Pedro Sánchez, en un caso única de puerta giratoria desde el Ministerio de Justicia a una instancia clave en la separación de poderes: el informe de su subordinado proponiendo al Supremo en el archivo de todas las denuncias contra el Gobierno, probablemente logre el fin buscado.

El teniente fiscal, Luis Navajas, ha sustentado su propuesta en un escrito de más de 300 páginas al que ha accedido ESdiario, en el que viene a decir que no se puede imputar nada a Sánchez o al ministro Illa por la sencilla razón de que no pudieron tomar medidas antes de que les constara la emergencia sanitaria.

Pero las pruebas, la ingente documentación oficial y los hechos convierten la opinión fiscal en algo imposible de comprender, pues evidencian justo lo contrario: que el Gobierno tuvo suficiente materia para haber tomado medidas preventivas desde al menos febrero y que, pese a constarle la magnitud potencial del problema sanitario, ignoró de forma consciente todos los avisos.

El 30 de enero un experto más advirtió de la gravedad del Covid 19: le ignoraron y un mes después llegó el gran contagio

Mirnado hacia atrás, con un cálculo elemental, la práctica totalidad de todos los infectados y fallecidos en la primera oleada contrajeron el COVID-19 antes del 9 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid tomó la primera decisión que arrastró casi todas: cerrar los colegios para frenar la extensión.

De hecho, de no haber sido peligrosa la celebración de espectáculos y eventos masivos en aquellas fechas, con el virus ya en España y consignados ya al menos 600 casos y las primeras quince víctimas mortales, ¿qué sentido tuvo el confinamiento para evitar precisamente ese roce?

Desde el punto de vista científico y estadístico, que el gran contagio por coronavirus llegó pues entre finales de febrero y principios de marzo, no es discutible: la ciencia y la medicina cierran ese debate sin la menor duda. Lo que se puede discutir es si se permitieron o no otros grandes eventos para no pasar por el mal trago de aplazar el 8M y si, todos ellos, amplificaron la amenaza.

La relación entre el permiso a actividades masivas en marzo y los peores datos de enfermos del mundo ya está comprobada

La lógica indica que sin la menor duda, pues si la cuarentena y la distancia social permitieron luego la reducción de las cifras de contagio a lo largo de abril; el fenómeno opuesto incentivó lo contrario: cientos de miles de personas juntas en el campo del Betis en un mitin de Vox, en carreras populares o en las marchas feministas activaron, con muy escaso margen de error, una auténtica bomba vírica saldada con un crecimiento de los enfermos a partir de la primera semana de marzo sin precedentes en todo el mundo. Nadie en el ámbito sanitario discute esto.

La cuestión final no es si el gran contagio se produjo en ese momento y por esas concentraciones múltiples, algo fuera de toda duda científica, sino pudo evitarse o paliarse con la información que tenía el Gobierno antes de esa fecha.

En esto, el Gobierno no sale nada bien parado y la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado tampoco: desde finales de enero estaba activada una "emergencia internacional por coronavirus" y, durante todo el mes, Sanidad tuvo constancia de incontables avisos recalcando la gravedad de la pandemia y recomendando, expresamente en el caso de la Organización Mundial de la Salud, la adopción inmediata de medidas restrictivas.

Este documento, consignado por el Ministerio de Sanidad, evidencia que desde el 30 de enero al menos al Gobierno le constaba de manera clara y fehaciente la magnitud de la emergencia e, incluso, la sugerencia directa de preparar medidas de confinamiento y de suspender acontecimientos de masas que se menospreciaron.

A la alerta recogida por el departamento de Salvador Illa, que en sí misma confirma de manera rotunda que sí se pudo prever un impacto tan cruel de la pandemia; se le añaden varios más que sitúan al Gobierno frente a una dura realidad: no hizo nada en las fechas clave, pero además no lo hizo a sabiendas de los riesgos.

Desde que el Gobierno conoció el peligro hasta que tomó medidas pasaron 44 días sin hacer nada: por eso España sufre como nadie

La otra gran advertencia, que es la que da por reciba Sanidad, es la de la Organización Mundial de la Salud, que ya en Nochevieja emitió su alarma y no dejó de insistir en ella hasta convertirla en un documento oficial lleno de sugerencias que es que el registra Sanidad y lo hace suyo.

En vano, en el caso del Gobierno de España y, si Sánchez quiere buscarse algún consuelo, en el de otras cancillerías europeas: no la de Portugal, por ejemplo, que decretó su Estado de Alerta dos días antes que España pese a que apenas tenía consignados un centenar de enfermos.

Y aún hay más, en esa misma fecha, el experto en Salud Pública de la OMC visita físicamente el Ministerio de Sanidad para advertir de que COVID-19 es un virus del tipo cuatro, el más grave, pero recibe la indiferencia por respuesta: el Ministerio lo cataloga de "nivel 2".

Juan Martínez Hernández, el experto en cuestión, lo explica así en un artículo en El Mundo que da la clave final: ""El pecado original de la mala gestión de esta epidemia, no sólo en España sino por casi toda Europa, no fue un problema político sino técnico. En nuestro caso tiene su epicentro el 30 de enero, en una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que varios técnicos –no sólo el que ustedes piensan– sostuvieron, en contra de mi opinión, que el nuevo coronavirus es un agente del grupo 2. Yo mantengo que es un agente del grupo 4. Y ahí radica todo. Esa es la clave de toda la mala gestión posterior", explica en su demoledora exposición".

Europa también avisó

Por si esos tres avisos, y otros derivados de ellos que no dejaron ni dejan de llegar, no fueran suficientes, el 3 de enero la propia Comisión Europea lanzó uno desaconsejando, de manera expresa, la concesión de permisos a toda actividad de masas. Le hicieron caso omiso.

No solo conocían pero desecharon las alertas; sino que animaron a todos a sentirse seguros con mensajes quitándole importancia al COVID

No solo eso. Con toda información y los dramáticos ejemplos de China e Italia, además de no tomar ninguna medida alentaron lo contrario. "No hay que caer en el alarmismo", insistía entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "En el mundo real la epidemia está absolutamente controlada", llegó a decir Pablo Echenique, portavoz de Podemos y mano derecha del vicepresidente Pablo Iglesias.

"Absolutamente controlado"

Tanto se negó lo que, internamente, les constaba a las autoridades, que se llegó a persuadir a la opinión pública de que nada había que temer, logrando que la práctica totalidad de comunicadores y medios de España, de todas las tendencias, se creyeran ese mensaje de las autoridades y ayudaran a difundirlo convencidos de que ayudaba a mantener la calma y frenar una histeria innecesaria.

Todo ello permite afirmar que, cuando menos en cuatro ocasiones y de manera expresa, el Gobierno y el PSOE desatendieron las nítidas indicaciones de distintas instituciones y especialistas. Tampoco es discutible que, tras mostrar esa indiferencia, la epidemia se disparó, como muestra el gráfico con fechas elaborado por el especialista Álex R. Villalobos:

En conclusión, Moncloa sí consintió aglomeraciones de cientos de miles de personas que han disparado los contagios en un mes de marzo trágico y, además, lo hizo a pesar de las constantes y contundentes advertencias que aconsejaban tomar medidas y descartaban dar permisos que sí se concedieron. Todo, en fin, se hizo al revés y eso quizá explique que España, con el 0.6% de la población mundial, sufra el 20% de las víctimas mortales del planeta.

La Fiscalía ha ignorado decenas de pruebas de que al Gobierno le constaba la amenaza y de que no hizo nada pese a ello

Con esos antecedentes, que incluyen también incontables comunicaciones internas en la Administración avisando a sus empleados y cargos de evitar contactos y aglomeraciones ya desde finales de febrero; el informa de la Fiscalía General resulta incomprensible.

Especialmente en lo relativo a los colectivos sanitarios que han impulsado las querellas más relevantes, junto a la de 3.000 víctimas de COVID-19: su indefensión y falta de material ha sido, en otros casos como el Alvia de Galicia, el amianto del Metro madrileño o el accidente del suburbano en Valencia; materia de investigación judicial.

En este caso, con 50.000 víctimas mortales y una tasa proporcional seis veces superior a la de Alemania, Dolores Delgado quiere que el Supremo no haga nada. Un contraste llamativo.