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PP y VOX plantan cara al guerracivilismo del Gobierno con su ley más frentista

El partido de Abascal ya ha anunciado que recurrirá la norma: "Quieren ganar lo que perdieron en el campo de batalla", ha dicho la diputada Macarena Olona.

Abascal, Sánchez y Casado

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Andrea Jiménez / Yolanda Lorenzo

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La polémica crece y en España, 80 años después, se vuelve a hablar de fosas, del Valle de los Caídos, de bandos, de Paracuellos y de checas, como si la Guerra Civil no fuera una triste reliquia del pasado y volviera a ser una herramienta política.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros este martes ya se ha encontrado de frente con Vox, que ya ha anunciado que recurrirá la norma al considerar que vulnera "derechos fundamentales" como la "libertad de expresión, de asociación e ideológica".

De hecho, ha sido la secretaria general de la formación en el Congreso, Macarena Olona la que ha dicho en esRadio que el Gobierno pretende "ganar con una ley lo que perdieron en el campo de batalla". "Pretenden rescribir la historia que mis antepasados cerraron con heridas sangrantes con mucha dignidad y sacrificio", ha asegurado.

Además, ha añadido que esta norma solo es una parte de un plan mayor del Gobierno de Sánchez puesto que "la profanación de la tumba del general" Francisco Franco "era la excusa". "Derrocar la monarquía y la cruz es el siguiente objetivo", ha continuado, para después recordar que, "en 2018, Podemos pidió derribar la cruz del Valle de los Caídos".

Por ello, presentaran el recurso en cuanto la norma llegue al Congreso, ya que a su juicio, se trata de un "avance más del sectarismo ideológico cuyo paradigma es el comunismo de extrema izquierda" que "está en el poder por la ignominia" del PSOE.

Así, Olona ha criticado que con esta ley se pretenda "declarar la nulidad de las condenas impuestas por la dictadura" y que se quiera "implementar una fiscalía especial en el Supremo, que no hará de fiscal sino de historiador". "Y no será objetivo, sino al servicio del Gobierno que quiere derogar la Ley de la Amnistía y resquebrajar la legitimidad de la Constitución", ha añadido.

Pero este anuncio no ha causado demasiada sorpresa en el seno del Ejecutivo. De hecho la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado en una entrevista en TVE que "no esperaba menos", ya que a su juicio Vox "prefiere el franquismo y la dictadura, pero es la democracia la que les permite tener 52 diputados".

Darán una vuelta de tuerca a la memoria en el Ayuntamiento de Madrid

Además, no será esta la única maniobra de Vox para acabar con la Ley de Memoria Democrática, sino que dará una vuelta de tuerca más en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, tal y como ha avanzado El Español, será el grupo municipal dirigido por Javier Ortega Smith el que proponga retirar a Largo Caballero la calle que ostenta.

De esta manera, pretenden dar giro al debate sobre la memoria histórica, debido al carácter radical de Largo Caballero, que ha sido citado en ocasiones por el propio Abascal, tildándole de "golpista" y "exaltador de la guerra".

Así, Vox pretende poner a Largo Caballero como ejemplo de las tropelías que también se cometieron en el bando republicano, con el objetivo de demostrar el sectarismo que consideran que existe dentro de la propia norma.

El PP tampoco "acompañará" al Gobierno en la tramitación de la norma

También desde el PP han anunciado su negativa a dar luz verde al proyecto de Sánchez, ya que los populares están "en la concordia". De hecho, el vicesecretario de Política Territorial del partido, Antonio González Terol, ha asegurado que el pacto que se "firmó con generosidad" en la Transición, que permitió superar "los peores años de la historia más oscura de España".

Además, ha añadido que "el PSOE y el partido comunista en este Gobierno de coalición deciden nuevamente sacar el comodín del franquismo. Significa que la oposición que estamos haciendo es la correcta porque solo lo hacen cuando se ven desesperados", ha enfatizado.

Por ello, ha asegurado que "no se van a ver acompañados por un partido como el PP, que cree en la unidad de la nación española y en este régimen constitucional y democrático que nos dimos hace más de 40 años, y que nos ha dotado de la mayor estabilidad posible", ha zanjado.

Lo cierto es que el Gobierno ha logrado en parte su primer objetivo: desviar la atención de otros problemas cotidianos, con la pandemia y la crisis económica golpeando, y rescatar una polémica en la que se siente más cómodo: un debate ideológico, que toca la fibra sensible y remarca más las distancias con la oposición.

"Electoralmente este asunto no tiene mucho recorrido", explican en el entorno de Moncloa a ESdiario, conscientes de que la exhumación de Franco acabó con un retroceso en diputados de PSOE y de Podemos en las Elecciones celebradas apenas quince días después. Pero tiene una virtud: cohesiona a los seguidores de ambos partidos.

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