El juez del "caso Kitchen" da un paso más e imputa al exministro Fernández Díaz
El magistrado García Castellón deja al margen por el momento a María Dolores de Cospedal. Ha citado a declarar a Francisco Martínez, la clave del caso, el 29 de octubre.
La investigación del llamado caso Kitchen, el supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, entra en una nueva fase. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción al que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado este viernes citarle a declarar para el próximo 30 de octubre en calidad de investigado. Le interrogará en el marco de esta pieza en la que se investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP a Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia.
A pesar de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, por el momento el magistrado no cita a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
García Castellón entiende que antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez que en su primera citación no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.
Así, por ello, el magistrado pone fecha también a la declaración del que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, que declarará un día antes que Fernández Díaz, el 29 de octubre.
El magistrado cita además como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas, el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a Icíar Castro Álvarez.
Esta operación policial encubierta se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte del excomisario José Villarejo -entonces adjunto a la DAO de la Policía- y se trataba, según las investigaciones, de un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, con el objetivo de acceder a documentación que el tesorero tuviera en su poder.