Sánchez e Iglesias aparcan su Ley contra la corrupción cuando acorrala a Podemos
Precisamente ahora que el partido morado y varios de sus dirigentes están imputados por un juez de Madrid, el Gobierno ha decidido paralizar sine dine una de sus leyes estrella.
Sánchez e Iglesias en el Congreso.
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha aparcado sine die la aprobación de una Ley integral contra la corrupción que figuraba en el acuerdo que ambos suscribieron en diciembre y que sus dos partidos, tanto el PSOE como Podemos, llevaban en los programas con los que concurrieron a las elecciones generales de noviembre de 2019.
El compromiso tal y como figuraba en el acuerdo de gobierno.
Esa ley debía ser una de las primeras del Ejecutivo de coalición, o al menos a eso se comprometieron el presidente y su vicepresidente segundo. Pero han cambiado de idea y ahora tienen otras prioridades.
En el Plan Anual Normativo 2020 que el Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre y que recoge todas las leyes orgánicas, leyes y reales decretos que el Gobierno tiene intención de impulsar durante el curso, no hay ni rastro de esa Ley integran contra la corrupción. Que, según el acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias en diciembre, iba a incluir el Estatuto del denunciante para proteger a éste (esto último transpone una directiva europea).
En cambio, sí aparecen en ese Plan Anual leyes con alta carga ideológica como la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley del solo sí es sí), la Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y la Ley de Memoria Democrática, entre otras.
Se da la circunstancia de que el cambio de prioridades del Gobierno se produce en un momento en que Podemos se ha visto salpicado por varios casos de presunta corrupción. En agosto, el titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid imputó al partido como persona jurídica y a tres cargos del mismo (Juan Manuel del Olmo, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val) por la financiación de Podemos.
El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, imputado.
En paralelo, por aquellos días el fiscal del Tribunal de Cuentas apreció indicios de delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil a propósito de los gastos de la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 consignados a Neurona Consulting.
El 8 de septiembre, el fiscal solicitó al magistrado de Instrucción 42 de Madrid circunscribir la causa a los contratos con esa consultora de origen mexicano y vinculada a Juan Carlos Monedero, ante las sospechas de que el partido la hubiera utilizado como una sociedad pantalla para enriquecimiento ilícito de sus dirigentes y para financiarse. Todo parte del testimonio del excoordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente.
Al menos Iglesias recibió un respiro en otro caso que le ronda: la Audiencia Nacional decidió el miércoles que el líder de Podemos vuelva a figurar como perjudicado en el llamado caso Dina, en el que se investiga el robo del móvil de Bousselham y la posterior difusión de su contenido.
A lo que se suma el capote que le echaron los socialistas al frenar en seco la apertura de una comisión de investigación en el Congreso sobre las cuentas moradas.
Tanto el presidente como el vicepresidente segundo han hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus mensajes troncales. Sánchez, de hecho, llegó a La Moncloa a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy precisamente por los casos de corrupción del PP.
"La corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad", proclamó ese día de mayo de 2018.
Iglesias, por su parte, lidera un partido que nació y creció haciendo de la lucha contra la casta, los corruptos y las puertas giratorias su razón de ser. "España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción", fue una de sus últimas proclamas antes de entrar en el Consejo de Ministros.
En su último programa electoral, el partido morado prometía incluso una Unidad Integral contra la Corrupción Institucional, cuyas pérdidas para las arcas del Estado cifraba en 90.000 millones de euros anuales.
Se da la circunstancia de que, en junio, Ciudadanos llevó al Pleno del Congreso una proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción que el PP, Vox y Más País apoyaron. Sin embargo no prosperó por el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos. Los portavoces de ambos justificaron su negativa en que el Gobierno de coalición ya estaba trabajando en una ley en ese sentido. Pero resulta que no.
