Margarita Robles firmó un manifiesto contra "el indulto como fraude" siendo juez
La medida de gracia que Sánchez estudia conceder a los presos del procés amenaza con provocar nuevas tensiones en el seno del Ejecutivo, donde hay tres ministros que son jueces de carrera.
La ministra Robles en la presentación de un libro.
Tocaba. Nada más. El ministro de Justicia no se apeó este jueves de la explicación oficial a la tramitación de las peticiones de indulto para los presos del procés, que el Gobierno iniciará la semana próxima.
En una entrevista en la SER, Juan Carlos Campo sostuvo que nada tiene que ver su anuncio con las negociaciones de los Presupuestos y que quien piense lo contrario piensa mal. Porque su obligación es estudiar las solicitudes que llegan en tiempo y forma.
Aunque el trámite puede durar entre cuatro y diez meses -según el ministro-, la polémica está servida en el ámbito político. Fuera del Gobierno pero también dentro, donde hay tres ministros que son jueces de carrera, el propio Campo, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
El indulto es una medida de gracia excepcional que concede el Gobierno y con la que los jueces tradicionalmente han tenido sus más y sus menos en según qué casos por la injerencia que puede suponer.
En el caso de Robles, la ministra de Defensa suscribió en 2012 un manifiesto titulado El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad en el que estamparon su firma 200 jueces de toda España. Por entonces era vocal del CGPJ.
En él decían: "El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los estados constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos", una afirmación que sigue plenamente vigente y además es aplicable al caso de Oriol Junqueras y el resto de cabecillas del procés.
Como ésta que seguía: "El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche".
Aquel fue un caso sonado, porque el Gobierno de Mariano Rajoy indultó por dos veces a cuatro mossos condenados por torturas.
Entre los firmantes también estaba una alto cargo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero: la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, entonces magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas Gran Canaria.
La juez Victoria Rosell, actual alto cargo del Ministerio de Igualdad, también firmó.
Y otro juez vinculado con Podemos. En este caso Luis Villares, candidato de Podemos y las mareas a las elecciones gallegas de 2016 y después portavoz de En Marea en el Parlamento regional. Cuando suscribió el manifiesto ejercía en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo.
Asimismo un juez muy mediático y hasta hace poco portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, entonces destinado en Moncada.
La ministra Robles aún no se ha pronunciado sobre el estudio de los indultos a los presos del procés por parte del Gobierno al que pertenece, pero a buen seguro lo hará. Quien ya lo ha hecho es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y responsable del área en el PP, Enrique López, quien ha adelantado que conceder esos indultos sería "una traición a la democracia española y al sentido común" cuando los condenados ni siquiera han mostrado arrepentimiento.
Los populares tienen intención de llevar al Congreso una proposición de ley para reformar la ley de indultos y que no se pueda conceder esta medida de gracia a personas condenadas por delitos como los de sedición y rebelión. Ya lo intentaron la legislatura pasada, pero la propuesta decayó sin llegar a debatirse por la convocatoria de elecciones generales.