El PP presenta una reforma exprés de la ley para prohibir el indulto a Junqueras

El Grupo Parlamentario Popular que dirige Cuca Gamarra ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para que los condenados por delitos de rebelión o sedición no puedan ser indultados por el Gobierno.

Ello en respuesta al anuncio que el miércoles pasado hizo el ministro de Justicia, cuando avanzó que la próxima semana su departamento empezará a estudiar las peticiones de indulto para los líderes del procés encarcelados.

Aunque el propio Juan Carlos Campo, la vicepresidenta primera y otros ministros han negado que esto guarde relación con las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos, la oposición no se lo creyó desde el primer momento.

En el texto presentado por los populares, estos explican que la ley de junio de 1870, la que regula la medida de gracia del indulto, no recoge un catálogo de delitos a los que no sea aplicable, y que debe ser reformada de forma urgente.

El grupo comandado por Gamarra explica que se trata de un "recurso excepcional", una potestad del Gobierno, que "solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran razones de justicia, equidad o utilidad". Y añade que ninguna de ellas "en absoluto se da" en el caso de Oriol Junqueras y del resto de los cabecillas del referéndum ilegal del 1 de octubre, del que el próximo jueves se cumplen tres años.

Los populares tienen intención de presentar en el futuro una reforma más amplia de esta ley, pero por lo pronto consideran "imprescindible" responder con "celeridad" a la intentona del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cambiar indultos por apoyos parlamentarios.

No es la primera vez que Pablo Casado y su partido intentan modificar la vieja ley del indulto. Ya lo pretendieron la legislatura pasada, pero su iniciativa parlamentaria murió antes de ser debatida por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

En su último programa electoral, los populares se comprometían a prohibir el indulto para los casos de rebelión y sedición y a reformar el Código Penal para: recuperar la tipificación del referéndum ilegal y el delito de rebelión impropia y, además, introducir el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por rebelión y sedición.

Como ya ha contado ESdiario, el estudio de la concesión del indulto para los políticos condenados por sedición y malversación amenaza con abrir grietas en el Gobierno de coalición, en cuyo Consejo de Ministros se sientan tres jueces: el propio Campo, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Esta última firmó hace unos años, siendo vocal del CGPJ, un manifiesto que suscribieron otros 200 jueces más oponiéndose al "indulto como fraude". En él los firmantes sostenían: El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche".