Tercer frente judicial de Iglesias: el Supremo investiga al número 2 de Podemos
El Tribunal Supremo inicia la investigación contra el secretario de Organización del partido morado, el diputado Alberto Rodríguez, por patear y causar lesiones a un policía de Tenerife.
Pablo Iglesias y su secretario de Organización, Alberto Rodríguez, acorralado por el Supremo.
Otro frente judicial se le acaba de abrir a Pablo Iglesias y a la cúpula de Podemos. Al caso Dina que se investiga en la Audiencia Nacional; y al de la Caja B, en manos del juez de Madrid, Juan José Escalonilla, se suma ahora una causa penal en el Tribunal Supremo contra el, en teoría, número dos de Podemos.
Se trata de su secretario de Organización y diputado en el Congreso, Alberto Rodríguez. El hombre al que Iglesias cedió el control de facto del partido morado cuando relevó de ese cometido a Pablo Echenique.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del investigado, ha abierto causa penal a Alberto Rodríguez al considerar que existen indicios de que pudo cometer delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. La Sala ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral.
El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, remitió en diciembre de 2019 al Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
En concreto, los hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.
Según los atestados la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. El ahora secretario de Organización de Podemos se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como pancartazos y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por la justicia.
Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por patear a un policía local y provocarle diversas contusiones.
El juzgado de instrucción canario había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de diputado, y por lo tanto aforado, acordó la nulidad parcial de dicho auto.
Respecto a Alberto Rodríguez, el Tribunal Supremo ya abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.