La Justicia suspende el confinamiento político de Sánchez e Illa contra Ayuso

La Justicia ha suspendido la orden de Sánchez de confinar Madrid, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales y, de momento, no se podrá imponer ningún tipo de sanción después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado en un auto la ratificación de las medidas impuestas por el Gobierno que obligaban al confinamiento de la capital y de varios municipios de la región.

El auto señala que "se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre", por lo que no pueden ser aprobadas como sí ocurrió entonces.

Ahora, "lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad", que se dicta "al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud", y los magistrados no creen que este precepto pueda autorizar "la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas", todo ello "sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de alarma".

De hecho, el auto ha supuesto un mazazo para el Gobierno de Pedro Sánchez ya que señala que "resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país".

Una inacción por parte del Gobierno que se ha producido "pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación", han zanjado.

De esta manera, la resolución es un tremendo varapalo personal para Pedro Sánchez, que deja al desnudo su interés político por aprovechar la pandemia para derribar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Y da la razón al PP y a todos sus gobiernos autonómicos cuando, la semana pasada, se opusieron a las órdenes del Ministerio de Sanidad y protestaron por la ausencia de herramientas jurídicas para gestionar la situación tras el decaimiento del estado de alarma. Algo que, pese a la petición reiterada, Sánchez desatendió.

Falta la decisión de la Audiencia Nacional

Sin embargo, a pesar de esta primera victoria legal, aún queda una última decisión de la Audiencia Nacional, a quien recurrió el Gobierno de la Comunidad de Madrid para buscar amparo, lo que genera una maraña política y judicial de consecuencias aún difíciles de calibrar.

Las tornas pueden volver a cambiar, a lo que puede añadírsele otro problema derivado si Moncloa no se conforma con la resolución adversa y decide mantener su estrategia ante Ayuso: podría imponer un estado de alarma en la región, cubriendo antes los trámites parlamentarios oportunos. Fuentes del Gobierno regional no descartan esa posibilidad a ESdiario, si bien no se atreven a pronunciarse en firme al respecto de las posibles respuestas de Sánchez.

De momento, el que ya ha avanzado la postura del Gobierno, ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, ha asegurado que adoptará "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", por lo que ha anunciado que ha reclamado una reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad para "esta misma tarde".

El ministro ha señalado que "el plan A, B y C es proteger la salud pública siempre basándose en las recomendaciones de los expertos". "Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios", ha apuntado, añadiendo que a Sanidad le "importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos".