El alcalde de Alcalá de Henares (PSOE) declara como imputado por prevaricación

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), ha declarado como investigado, la figura penal del antiguo imputado, ante el Juzgado de Instrucción de Alcalá de Henares tras la querella penal que los promotores de la sala Carola Morena interpusieron por posible delito de prevaricación del regidor y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El juez admitió la querella y el regidor, íntimo del presidente Pedro Sánchez, ha declarado como imputado en la fase de instrucción de la causa, después de que lo hicieran anteriormente siete concejales del equipo de gobierno, también investigados.

Los hechos se remontan al pasado año, cuando los promotores de la sala en Alcalá de Henares presentaron ante el Juzgado de Instrucción de Alcalá de Henares una denuncia penal contra el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y diez cargos del consistorio entre concejales y técnicos, por un delito de prevaricación.

Los cambios normativos realizados por el consistorio presidido por Rodríguez y las actuaciones derivadas de esas decisiones impidieron a la empresa desarrollar su actividad con la consiguiente pérdida económica, que supera los ocho millones de inversión sólo en la reforma del edificio donde se iba a desarrollar su actividad de eventos musicales, convenciones y encuentros empresariales, entre otros.

Sus responsables denunciaron que existían intereses particulares y profesionales de los denunciados. Entre los primeros, esgrimieron en su denuncia que “el alcalde vive en el entorno inmediato del local afectado, una circunstancia que debió determinar su abstención” en el proceso de estudio de otorgamiento de licencias y que “explica en todo caso la diferencia de trato con cualquier otra licencia tramitada en el municipio, aún afectando a la misma problemática”, aseguraron.

De hecho, afirman que el Ayuntamiento ha concedido licencias en el casco antiguo de la ciudad, en una zona “absolutamente saturada” y que los controles de ruido con los que cumplía la sala fueron laxos o inexistentes en otros casos, igual que otros supuestos problemas derivados del ocio juvenil, que no era la actividad concreta de la sala. De hecho, algunos de los técnicos que declararon anteriormente en el juzgado, afirmaron que ni el ruido, ni el tráfico en la zona eran un inconveniente.

Las numerosas trabas para abrir un espacio de entretenimiento en la zona de La Garena motivó la querella penal de los denunciantes para defender sus derechos frente a las “medidas arbitrarias” del consistorio, aseguran, a la que vez que denuncian que “el día que se debatió este asunto en la Junta de gobierno, se debatieron otros aproximadamente 80 puntos que fueron los que estaban en el orden del día, lo que da idea del interés que tenía el equipo de gobierno en analizar este asunto”.

La denuncia penal detalla minuciosamente el diseño de la estrategia municipal para evitar el funcionamiento de la sala de ocio. En ella se llega incluso a cuestionar que el interés del alcalde y de su equipo municipal en “perjudicar” a los promotores ha provocado una “persecución, ordenanza tras ordenanza, para paralizar la actividad” de la sala, que se ha visto obligada a cambiar su domicilio social y actividad a la ciudad de Madrid después de haber adquirido un edificio en Alcalá de Henares cuyo régimen del suelo era el mismo para la actividad que iba a iniciar el espacio de ocio.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares suspendió las licencias y retiró el uso sociocultural “para evitar la apertura de Carola Morena”, según denuncian los afectados y el juez ha admitido. Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá “fija un modelo de ciudad basado en la compatibilidad de los usos socio culturales y hosteleros con el modelo residencial”, por lo que, según los promotores, “no es incompatible”.

Los promotores entienden que “de común acuerdo”, el alcalde y el resto de los denunciados “idearon un engendro de operativo administrativo para vulnerar sus obligaciones legales” con el objetivo de “causar un perjuicio al denunciado (el promotor) y favorecer los intereses personales del denunciado (el alcalde)”, que “ordena y manda a su equipo político y urbanístico que se pare a toda costa el proyecto.

Es decir, que se suspenda la licencia de éste y se articule un procedimiento ad hoc para la denegación definitiva de la licencia al hoy denunciante (el promotor)”. En este sentido, denunciaron que la suspensión de la licencia para luego denegarla implica “saltarse la legalidad urbanística”.

En el diseño de la “estrategia” de concertación y aplicación de ésta, los responsables municipales se basaron en cuestiones medioambientales como el ruido que podría causar la sala y problemas de circulación en los alrededores del reciento o una supuesta alarma social.

La denuncia desmonta uno a uno estos argumentos. En primer lugar, porque el espacio se sitúa en La Garena, donde existen restaurantes, bares de copas y una discoteca, pero el Ayuntamiento deniega la licencia para desarrollar su actividad a la sala en la misma zona donde lo hacen otros locales de ocio desde hace años.

Además, el espacio cuenta con unas extraordinarias medidas de insonorización y evacuación en todas sus plantas, 77 plazas de garaje en sus sótanos, al margen del parking privado que existe justo enfrente, así como más de 600 plazas de garaje a menos de 150 metros, lo que garantizaba el orden de movilidad en la zona y medidas especiales de renovación del aire.

Los hechos han obligado a los promotores a instalarse en Madrid después de reunirse con la asociación de vecinos para escuchar sus sugerencias e inquietudes, no con el alcalde, que nunca les quiso recibir. Además, se han visto abocados a suspender un proceso de selección de personal para contratar a 250 personas al que se presentaron más de 2.500 aspirantes del municipio, uno de los que cuenta con la tasa de desempleo más elevada de la Comunidad de Madrid.