Un juez destapa el enchufismo del PSOE andaluz y procesa a dos exaltos cargos

La corrupción del PSOE andaluz durante sus años al frente de la Junta de Andalucía sigue investigándose en los juzgados. Ahora es el turno del ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, que ya están procesados por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, acusados de de la contratación "injusta y arbitraria" del citado ex primer edil en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola "afinidad y vinculación personal y política" entre ambos.

El juez José Ignacio Vilaplana resuelve continuar la causa por el procedimiento abreviado, porque "no se estima necesario la práctica de nuevas diligencias instructoras, por cuanto el resultado de las practicadas resulta revelador de la naturaleza indiciariamente delictiva de los hechos investigados".

"De las diligencias practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal, atribuir a los investigados Fernando Villén Rueda y Antonio Torres García participación en la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación", indica el juez en su auto.

Concretamente, relata que después de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, -que además de esta causa judicial afronta otra por presuntos pagos en distintos locales de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública-, su "colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas" por el ya exalcalde socialista de Lebrija.

Todo ello, pese a que Torres García "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional" de directivo.

Otro varapalo al responsable de la Faffe socialista, el principal encausado en el caso puticlubs.

Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija "fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

La contratación, según el juez instructor, se produjo, "sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar", es decir "de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa".

"No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe", explica el juez instructor.

A ello se suma, que el organigrama administrativo de la Faffe "no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder" el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado "vino a crear uno 'ad hoc' que denominó Dirección de Relaciones Externas", un departamento que "era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito".

Ni tan siquiera acudía a la sede a trabajar

De hecho, el juez avisa de que el exalcalde "ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de visita o presentación", de forma que "la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad", la llevó a cabo "siempre" desde su domicilio "y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita".

Como resultado, "el investigado Antonio Torres habría estado ocupando un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la organización de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una labor real, con la aceptación y beneplácito de Fernando Villén, lo que habría permitido a Torres García percibir 491.203,03 euros" hasta 2020, "sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social, y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la extinción de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén Rueda".