Justicia exige 500€ a varias víctimas de ETA para pagar a la Abogacía del Estado
El Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha remitido varias cartas a víctimas del atentado de Hipercor para que ingresen en las arcas públicas los honorarios de los letrados públicos.
La factura girada por Justicia asciende a 500 euros.
Ni rastro del derecho a la asistencia jurídica gratuita legalmente reconocido a las víctimas del terrorismo. ESdiario ha tenido acceso en exclusiva a la carta enviada por el Ministerio de Justicia a varios familiares de fallecidos en el trágico atentado de Hipercor en Barcelona (1987) reclamándoles el pago de 500 euros en concepto de costas, esto es: los servicios de la Abogacía del Estado. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional les denegó en 2020 el derecho a los intereses por el retraso del Gobierno en el ingreso de las indemnizaciones que debían recibir, tras la reforma legal de 2011 que mejoró las cuantías, y condenó a las víctimas al copago del trabajo de los letrados públicos.
La cuantía correspondiente “a honorarios de Abogado del Estado” que, ahora, el Ministerio de Justicia exige a los destinatarios del documento que ingresen “en el Tesoro Público”, utilizando la resolución judicial de la Audiencia, ascendía a un total de 1.000 euros siendo “de su responsabilidad el importe de 500 euros”.
La carta remitida a varias víctimas del atentado de Hipercor.
“Realizadas las comprobaciones oportunas, no consta en nuestros archivos que dicha deuda haya sido satisfecha. A la vista de lo anterior se le requiere para que en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, realice dicho pago conforme al documento de ingreso que se adjunta, debiendo remitir copia del justificante para la Administración a esta Abogacía del Estado”, reza el cuerpo de la misiva a la que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.
"Como los etarras son insolventes nos hacen pagar a nosotros sus traslados a cárceles del País Vasco", denuncian las víctimas
Además, en el caso de que las víctimas no cumplan con el pago “en el plazo señalado”, Justicia advierte de que remitirán el “expediente a la Agencia Tributaria” para la reclamación del mismo “por vía de apremio”. Un escenario en el que, paradójicamente, sí se aplicarían recargos e intereses de demora.
La información ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos de víctimas. En declaraciones a ESdiario, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, ha sido tajante: “A nosotros nos reclaman hasta el último céntimo para financiar los traslados de los terroristas a cárceles del País Vasco. A los etarras, como todos se declaran insolventes, no les exigen ni las indemnizaciones que todavía tienen que pagar a muchas víctimas y familias de asesinados”.
Ayudas a las víctimas del terrorismo
Los hechos se remontan a la reforma de la Ley integral 29/2011, de ayuda a las víctimas del terrorismo, que incrementó las cuantías reconocidas para las familias de los fallecidos y para los damnificados (heridos, perjudicados, ..) de los atentados de ETA y abrió la puerta a que todos ellos reclamasen al Estado el ingreso de los complementos correspondientes.
En el año 2013 víctimas del atentado perpetrado en el centro comercial de Hipercor, en la ciudad de Barcelona, presentaron las solicitudes necesarias para requerir al Gobierno las diferencias de dinero a su favor, reconocidas en la nueva ley.
Sin embargo, y aunque sobre el papel les fueron concedidas, el retraso del Gobierno en el pago de las mismas llevó a varias de ellas a recurrir ante la Justicia. La Audiencia Nacional sentenció en su contra, negándoles el derecho a percibir intereses por la tardanza, y les impuso las costas del procedimiento. Unas costas que ahora el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo exige a las víctimas.