El Gobierno pone fecha ya al confinamiento tras omitirlo en el estado de alarma

El Gobierno ya se ha puesto fecha para intentar enmendar su error. La falta de cobertura jurídica en el decreto del estado de alarma para que las comunidades autónomas puedan realizar confinamientos domiciliarios no se solucionará de forma inmediata como desean los máximos responsables de Melilla y Asturias, sino que el Ejecutivo no lo revisará hasta el próximo 9 de noviembre.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha pedido tiempo, a pesar del incesante aumento de contagios. "No adelantemos fases", ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio. "Vamos a intentar que eso no llegue. Vamos a ser como siempre contundentes y prudentes al mismo tiempo", ha añadido.

De hecho, Calvo ha insistido en dar tiempo a las medidas que restringen la movilidad nocturna y entre territorios para ver si dan "resultados" y ha recordado que desde el punto de vista jurídico un "confinamiento de esa naturaleza" solo puede ser decretado por el Ejecutivo. "Como Gobierno pensamos que estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado. Demos un poco de tiempo para ver qué pasa los próximos días", ha insistido.

Pero las cifras parecen no dar tregua, la tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa en los 521,07 casos por cada 100.000 habitantes y según los datos facilitados este lunes, en España los contagios desde el viernes se han disparado hasta los 55.019, un nuevo récord de fin de semana. Y 379 muertes más, lo que, a juicio de los expertos, deja muy poco margen de tiempo para actuar.

Tanto Calvo como Illa han pedido tiempo, negándose a tomar decisiones más duras, aunque según ha publicado ESdiario, en Moncloa se busca el encaje jurídico para que, bien a propuesta de Sanidad, bien a petición de los presidentes autonómicos; se pueda volver a los "encierros", en una versión algo menos radical y, probablemente, con todos los centros educativos abiertos.

Mientras tanto, el ministro se reúne este martes con Adrián Barbón, presidente de Asturias, para intentar frenar su empeño del cierre inmediato, y tendrá una cita con el resto de los dirigentes sanitarios autonómicos en el Consejo Interterritorial de Salud este miércoles para evaluar la situación, donde cada uno de ellos expresará su postura.

De hecho, hay comunidades como Castilla-La Mancha, que se han puesto del lado del Gobierno y han pedido esperar para ver los resultados de los cierres perimetrales, mientras que otros, ven cómo el tiempo corre en su contra.

Sin embargo, no existe una cobertura jurídica que dé a los presidentes las facultades de 'autogobernanza' que prometió Sánchez, ya que el decreto de estado de alarma que se extiende hasta la próxima primavera e incluso incluye la posibilidad de que el Gobierno obligue a cualquier ciudadano a prestar servicios a la comunidad, en la función que sea, para atender la emergencia sanitaria, prescinde de la instrucción concreta para confinamientos. Algo que el Gobierno quiere retrasar y para lo que ya se ha puesto una fecha: el 9 de noviembre. Entonces, y ya tarde, el Ejecutivo estudiará si modifica el decreto o no, aunque, si la presión autonómica continúa todo puede acelerarse.